El sábado recién pasado se publicó en el periódico El Mercurio, una carta firmada por 127 académicos, en su mayor parte extranjeros y un par de ellos de universidades católicas, donde pedían la legalización del aborto en Chile, en atención a los casos recientes de menores de edad embarazadas. La carta hacía referencia a la marcha de pro abortistas que se realizó el día anterior a su publicación, por lo que es evidente que ambas acciones estaban coordinadas, pero desde luego no hacía referencia a ninguno de los criminales actos realizados por los participantes de la marcha en el interior de la catedral de Santiago, como se muestra en la imagen adjunta, donde se puede ver un altar rayado con la frase “el aborto es lo mejor".

Es claro que una misiva como esta, suscrita por académicos chilenos, argentinos, colombianos, españoles, mexicanos, no es algo que se prepara y coordina en un día. La única conclusión lógica es que dichas iniciativas, la marcha y la carta, lejos de responder a una aspiración de la ciudadanía, son producto de un enorme lobby originado en el extranjero, para legalizar el aborto, y privarnos a los chilenos del honor de defendernos a los más débiles entre nosotros, desde la concepción hasta la muerte natural.

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Con el tiempo y luego de tantos años publicando argumentos sobre el tema, he llegado a darme cuenta que hay dos grandes grupos de defensores del aborto: por un lado están quienes niegan la humanidad del feto; y por otro, los que admiten que estamos hablando de matar a un ser humano inocente, pero creen que eso se justifica.

Esta simple conclusión me ha hecho cada vez más difícil publicar nuevas entradas. Con los del primer grupo es claro que no vale la pena hablar, pues ni siquiera están dispuestos a ver los hechos científicos con tal de mantener su posición; y con los del segundo tampoco se saca nada, pues se corre el riesgo de dar un aroma de legitimidad a un debate de bárbaros (¿cuándo es admisible dar muerte a un inocente?), que debería provocar nauseas a toda persona civilizada.

Sin embargo, a veces surgen ideas que por populares, aunque mal fundamentadas, hacen conveniente que regresemos al debate. En ese caso, y a propósito de la desgarradora noticia de la violación de Belén de 11 años, se han publicado opiniones como esta:

O sea, estamos diciendo que la niña tendrá menos problemas psicológicos criando a un niño que le recordará por siempre el trauma que vivió?

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Algunos años atrás conversaba acerca de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el régimen militar, y le decía a mi interlocutor que me costaba mucho creer que las torturas y desapariciones de personas eran abiertamente conocidas entre la población, porque eso implicaría que al 44% que votó por el “sí” no les importaban en lo más mínimo los delitos que se cometían al amparo del gobierno. En otras palabras, admitir que todos sabían y buena parte de ellos justificaban esos sucesos, significaba que vivíamos en medio de personas con un nivel tan bajo de juicio ético, que no podían reconocer y denunciar claramente esas conductas como inaceptables, sin importar las circunstancias.

La nota de Infocatólica acerca del fracaso de los esfuerzos de los grupos pro vida por revertir el aborto en Uruguay ha revivido en mí esa sensación, pero esta vez con la nauseabunda impresión de que no me equivocaba: vivimos en medio de monstruos morales. No digo nada contra los uruguayos, porque como varios comentaristas apuntan en la noticia, el resultado sería más o menos el mismo en cualquiera de nuestras “democracias occidentales". Soy chileno, y es de mis compatriotas de los que hablo.

Supongo que es el mismo fenómeno que se manifiesta en el video de un niño chino arrollado por varios vehículos, a vista y paciencia de varios peatones y transeúntes, pero no nos afecta tanto, porque uno dice “son ellos, los chinos, cuyo sentimiento del deber moral está debilitado por años de dictadura comunista". Pero este plebiscito me golpea más fuerte, porque no hay excusa: ni siquiera somos capaces de movilizar una cuartar parte de la población, contra un crimen peor que cualquier tortura o desaparición forzada de personas (aunque esa expresión adquiera un sentido más macabro aún, cuando tenemos el aborto en mente).

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En una columna de hace ya algún tiempo, el Decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales y columnista de El Mercurio Carlos Peña, plantea un argumento a favor del aborto en caso de violación, que puede resultar interesante de considerar, pues se basa en lo que el Estado puede exigir a los ciudadanos. El profesor Peña señala:

No es difícil estar acuerdo en que la violación es una experiencia devastadora para la mujer, un atentado a su libertad personal y sexual. También podemos estar de acuerdo en el fruto de esa violación es inocente. La cuestión [es] ¿podemos imponerle a la mujer violada, contra su voluntad expresa, la carga de sobrellevar un embarazo que le recuerda la experiencia humillante y desoladora de que víctima con el argumento que, de esa forma, salvará a un inocente?
[…]
Una exigencia semejante es excesiva. Y es que en la vida hay actos moralmente obligatorios (y la mayor parte de ellos el derecho debe recogerlos) y otros son supererogatorios (actos que por ir más allá de lo que podemos exigirnos mutuamente, el derecho no puede recoger). Estas últimas son el tipo de cosas que hacen los santos y los héroes. Por supuesto, una mujer violada puede decidir ser heroína o santa (y se ganaría la admiración de todos), pero esa no puede ser una obligación coactiva que impongamos a quien ya ha sido víctima.

Me gusta esta columna, porque no es extremista en el tema del aborto. Por ejemplo, al hablar del feto como un “inocente” reconoce que no estamos ante una cosa o una parte del cuerpo de la mujer; o al indicar que hay imperativos morales que deben ser acogidos por el derecho, despeja toda esa tontería de “eso dirás tú, pero no puedes imponerme tu moral".

Con eso, podemos enfocarnos en el argumento de fondo, acerca de qué puede exigir la sociedad a una mujer embarazada producto de una violación.

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El artículo 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala:

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Parece bastante claro ¿no? Los redactores del Pacto de San José –como se conoce a esta convención por la localidad donde se firmó–, buscaban delimitar claramente el momento a partir del cual lo gobiernos deben proteger la vida de los seres humanos, y establecieron que ese era el “momento de la concepción".

Por eso, desde se dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado a Costa Rica a aceptar las técnicas de fecundación in vitro en su legislación, eché de menos un análisis de las razones de fondo que habrían tenido los jueces para arribar a esa conclusión. Esto se explica por lo poco interesados en esto que están todos los que participaron en el proceso, porque si las consideraciones de la sentencia se mantienen en el misterio, entonces efectivamente está más allá de toda crítica.

Por eso es de agradecer el claro y sucinto análisis del fallo que hicieron los abogados de Novarum Adca, estudio jurídico chileno dedicado al derecho constitucional y administrativo, en un breve artículo titulado La Corte Interamericana niega el estatus de persona al embrión y señala que la vida se inicia desde la implantación. Les recomiendo que lo lean detenidamente, porque además de las “razones” del fallo, se señala el contexto en que se llegó a esta decisión

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