(El Espectador) En carta enviada a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la abogada María Cristina Gómez Isaza, el rector, Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásqueza, hace notar que “cinco de los ponentes” en el congreso internacional tienen “posturas públicas en contra de las orientaciones del magisterio de la Iglesia, respecto de la defensa de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo”.
El evento había sido planeado desde hace más de un año, para celebrar los 75 años de la fundación de la Facultad de Derecho de la UPB, de la cual son egresados algunos reconocidos juristas colombianos, como el expresidente Belisario Betancur o el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar.
l punto culminante del evento, que debía celebrarse en Cartagena, era la concesión del doctorado Honoris Causa a un prestigioso intelectual alemán, filósofo del derecho, el profesor Robert Alexy, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel. Hasta la fecha se desconoce si también esta distinción honorífica y la invitación al profesor Alexy han sido canceladas.
Renuncia de la decana de Derecho
A raíz de la prohibición del congreso en Cartagena, la decana María Cristina Gómez renunció a su cargo y, en carta a monseñor Rodríguez, afirmó que todos los invitados al congreso eran reconocidos intelectuales en el campo del derecho y profesores de algunas de las más importantes universidades de Colombia y el mundo.
Señaló la decana que al planear el congreso nunca se le ordenó que debiera “averiguar antes las posturas ideológicas de los ponentes” para decidir si invitarlos o no. Personas cercanas al hecho sostienen que en una universidad se deben poder debatir abiertamente las distintas posiciones que haya frente a cualquier asunto jurídico, incluido el problema del aborto, que no era, además, el tema del evento académico.
La saliente decana señaló por último al padre rector que la cancelación del evento traería desprestigio a la UPB, pues un debate académico universitario no puede confundirse con un concilio en el que se exponen las orientaciones del magisterio de la Iglesia. “Lo que ha engrandecido a la Iglesia, escribe la decana, ha sido asumir los debates en pro de la defensa de los derechos humanos, conociendo y estudiando a fondo todas las posturas e ideas de sus contradictores”.
Y explica también algunos de los riesgos que esta decisión trae a la universidad católica: “El descrédito en el medio académico de nuestra institución a nivel nacional e internacional; las reflexiones sobre los límites a la libertad de cátedra que surgen para nuestros profesores, las dificultades para que académicos de otras universidades apoyen programas de doctorado y maestría en nuestra Escuela; la sospecha que puede despertar nuestro proceso de publicaciones; la percepción de estudiantes y profesores estigmatizados de que ya no pueden hablar porque sentirán perseguidas sus ideas; el problema de gobernabilidad de la Escuela y los riesgos a los que se enfrenta el proceso de reacreditación del programa de Derecho”.
El destinatario de la misiva, monseñor Rodríguez, no pudo argumentar la controvertida decisión porque se encuentra por fuera del país. Por este motivo la portavocía la asumió el padre Jorge Iván Ramírez Aguirre, vicerrector académico y rector encargado de la universidad, quien ha sustentado que la cancelación del encuentro buscaba evitar que este escenario fuera aprovechado por algunos grupos o personas, para incentivar la discusión de “otros temas” que estaban por fuera de la programación académica. El tema no deja de discutirse en los pasillos de la facultad y en las redes sociales. Los estudiantes están pidiendo la presencia de monseñor Rodríguez para recibir una explicación oficial.
