(Noticias Globales/InfoCatólica) La resolución 1763 (2010) dice: “Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón”.
Si bien la resolución invita a los estados miembros a desarrollar marcos legales claros para la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, también exige ese marco legal adecuado para dos temas delicados: la inadmisible derivación de los casos a profesionales sanitarios que realicen abortos; y la peligrosa cuestión de “garantizar el tratamiento adecuado en casos de emergencia”. No obstante, el texto aprobado, en octubre pasado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, fue considerado una derrota del totalitarismo abortista.
Sin embargo, Suecia quiere reabrir la discusión, lo que significaría volver a poner sobre el tapete el Informe McCafferty (Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection) o, al menos, sus contenidos. El Parlamento sueco insiste en imponer la directiva "Los derechos humanos en la política exterior de Suecia", la que indica que ese país “debe apoyar los esfuerzos para lograr el aborto libre, seguro y legal para todas las mujeres”, a lo que los legisladores suecos agregan: “Suecia es uno de los pocos países que son fundamentales en el trabajo internacional centrado en los derechos a la salud sexual y reproductiva. La política sueca sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva se mantiene inalterable”.
