(Ep/InfoCatólica) Madrid Educa en Libertad explicó que estos padres presentaron los escritos de objeción correspondientes a tres de sus cuatro hijos el 18 de abril de 2008, "sin que el Gobierno de Esperanza Aguirre se dignara siquiera a contestarles". Por otro lado, presentaron la objeción de su hijo mayor y, en ese caso, "la Consejería respondió al colegio, seis meses más tarde".
Se trataba, según indicó la organización, de una respuesta mediante un escrito "súper-ambiguo" que permitía que el chico fuera evaluado realizando un trabajo y una actividad de voluntariado. En el mismo escrito, la Comunidad no respondía si reconocía y aceptaba o no el derecho de objeción de conciencia a EpC.
Explican que el 27 de febrero de 2009 la Consejería de Educación envió al centro escolar otro escrito que daba cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a estas asignaturas. "El nuevo documento creaba una enorme confusión e inseguridad jurídica pues no aclaraba si la Comunidad de Madrid reconocía o no el derecho de los padres a objetar ni explicaba cómo debían ser evaluados los alumnos objetores", señalaron. Por ello, los padres escribieron a la Consejería de Educación para pedir aclaraciones pero no obtuvieron contestación alguna.
También recurren al Defensor del Menor
Ya en diciembre de 2009, los padres objetores presentaron un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En el mismo solicitaban al Defensor del Pueblo que tomara medidas para que la Consejería de Educación Madrileña respondiera a los objetores a EpC y aclarase el silencio administrativo relativo a los escritos de objeción, así como la forma de evaluación de los alumnos objetores. En mayo de 2010, la Oficina del Defensor del Pueblo ha contestado a los padres indicándoles que la Consejería de Educación no les ha remitido el informe sobre su caso que le habían solicitado, por lo que lo vuelven a requerir con carácter urgente.
Estos mismos padres han llevado su caso al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que, según afirman, admitió a trámite su queja, y han presentado recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra la Consejería de Educación por denegación (por silencio administrativo) de su derecho a objetar.
