(EFE/InfoCatólica) Monseñor Ackermann, de 46 años, fue de los primeros en el seno de la Conferencia Episcopal en reclamar un esclarecimiento en profundidad de estos casos, que empañan la credibilidad de las instituciones y centros de enseñanza católicos. El cometido de Monseñor Ackermann será coordinar las investigaciones sobre los casos ya revelados o los que puedan aparecer, así como prestar asesoramiento jurídico a las posibles víctimas.
La Conferencia Episcopal se propone, asimismo, endurecer las normativas internas frente a los casos de pederastia y mejorar los mecanismos para detectar lo más rápidamente posible esas situaciones y prestar auxilio inmediato a sus víctimas. La medida responde a la preocupación social creciente en Alemania tras revelarse los primeros casos de abusos sexuales en alumnos de la escuela de elite de los jesuitas Canisius, en Berlín, el pasado enero, posteriormente extendidos a otros centros de esa y otras órdenes católicas.
Las investigaciones se abrieron a instancias de la propia dirección de ese centro berlinés y se referían a los años 70 u 80, por lo que se consideraba que los delitos habían prescrito. De la creencia inicial de que se trataba de hechos aislados se pasó a la consideración de que podía haber sido una práctica generalizada, con unos 300 afectados conocidos hasta el momento, mientras aparecían nuevos casos en otros centros religiosos del país.
Nuevos casos descubiertos
El hasta ahora último capítulo del escándalo se ha revelado en la Abadía benedictina de Ettal (Baviera), donde de los primeros indicios de abusos sexuales en alumnos en los años 80 y 90 se ha pasado al menos a sospechas de casos más recientes. La diferencia en esos casos es que el delito no habría prescrito –de acuerdo a la ley alemana, el delito de abuso sexual lo hace a los diez años– y además pone en cuestión hasta qué punto las medidas adoptadas en 2002 por la iglesia católica contra la pederastia han surtido efecto.
El abad del monasterio bávaro, Barnabas Bögle, dimitió ayer, ya que no informó debidamente de al menos un caso, registrado en 2005 y presuntamente cometido por uno de los hermanos, lo que contravino las normativas impuestas en 2002 de tramitar todo indicio de sospecha a los superiores.
