(EP/InfoCatólica) "No entro en si se trata de una operación de distracción de nuestro Gobierno, abrumado por la gravísima situación económica y de paro y a punto de aprobar una ley - la de la ampliación del aborto libre - mucho más grave que el asunto de los crucifijos, porque eleva a derecho la eliminación seres humanos inocentes e indefensos con más amplitud que la actual, ya de por sí injusta", dijo.
A su juicio, la cuestión es que el Gobierno y el Partido que lo sustenta, más otros que lo apoyan, con la aprobación de esa proposición sobre el crucifijo, "ha dado una señal, una más, que forma parte de un proyecto más ambicioso: reducir la acción de la religión, más en concreto la de la Iglesia Católica, a los templos y, si me apuran, a las sacristías".
"Olvidan que la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación y de religión, son derechos humanos fundamentales, que la Iglesia, como toda otra religión o creencia, ejerce en el ámbito privado y en el público", apuntó el obispo en su carta pastoral.
"Injerencia en el ámbito público por parte de la Iglesia sería, si pretendiera legislar, juzgar o gobernar en el foro civil- Parlamento, poder judicial o Gobierno", defendió José Sánchez, que agregó que la Iglesia "no pretende imponer sus creencias, sus prácticas o sus símbolos. Respeta los de los demás y tiene derecho a que se respeten los suyos. También en la escuela".
"El Estado es aconfesional y el Gobierno será laico, laicista, aconfesional o lo que sea; pero los ciudadanos, en libertad, son como son: muchos de ellos, creyentes, con sus derechos, que el Estado tiene obligación de respetar, defender, proteger y posibilitar su ejercicio, nunca impedir, prohibir o dificultar", defendió.
