(LifeSiteNews/InfoCatólica) El jueves, los tribunales de Misuri ordenaron a la filial de Planned Parenthood en San Luis que entregara los documentos relativos al sometimiento de menores a procedimientos de «transición de género».
El Tribunal de Circuito de Missouri para el 22º Circuito Judicial dictaminó que, aunque la oficina del fiscal general no tenía derecho a «documentos protegidos a nivel federal en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico» (HIPAA), aceptaba que tenía «amplios poderes de investigación» y, por tanto, Planned Parenthood St. Louis tenía que presentar «todos y cada uno de los documentos no protegidos por la HIPAA».
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, anunció el jueves que su oficina «llegará al fondo de cómo esta red clandestina de clínicas ha sometido a niños a bloqueadores de la pubertad y a cirugías irreversibles, a menudo sin el consentimiento de sus padres. No hay lucha más importante que garantizar que Misuri sea el estado más seguro del país para los niños. No se dejará piedra sin remover en estas investigaciones».
El comunicado de prensa añadió que Bailey «es ahora 3/3» en las demandas para obligar a las instalaciones que participan en la «transición» de los menores a cumplir con las investigaciones del estado.
Aunque Planned Parenthood es más conocida por ser la mayor cadena abortista del país, el caso pone de relieve que también está profundamente implicada en el movimiento LGBT. Se anuncia como un «lugar seguro y acogedor para recibir terapia hormonal transgénero/no binaria [sic]», que incluye estrógenos, antiandrógenos, testosterona y bloqueadores de la pubertad. Su expansión en el sector de la «transición» ha aumentado sustancialmente desde 2021.
El año pasado se informó de que un centro de Planned Parenthood de Nueva Jersey suministró estrógenos a un adolescente autista tras menos de media hora de consulta, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres.
Existen numerosas pruebas de que la «afirmación» de la confusión de género conlleva graves perjuicios, especialmente cuando se hace con niños impresionables que carecen del desarrollo mental, la madurez emocional y la experiencia vital para considerar las ramificaciones a largo plazo de las decisiones que se les imponen. Los estudios demuestran que más del 80% de los niños que experimentan disforia de género la superan por sí solos al final de la adolescencia, mientras que reforzar la disforia a menudo no resuelve, e incluso puede exacerbar, los problemas mentales al perpetuar el engaño y desatender las verdaderas causas profundas.
Sin embargo, estos «servicios» son muy lucrativos, como ilustra un reportaje publicado en 2022 sobre la Clínica para la Salud Transgénero del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde la doctora Shayne Sebold Taylor afirmaba rotundamente que «estas cirugías dan mucho dinero»: hasta 40.000 dólares por paciente para una «reconstrucción de pecho» y más de 20.000 dólares por una vaginoplastia.
Bailey lleva mucho tiempo luchando contra la industria de la «transición» de menores. El año pasado, demandó a Southampton Community Healthcare, uno de los últimos centros sanitarios del estado, por seguir realizando «transiciones» a menores, violando la ley estatal Save Adolescents from Experimentation (SAFE).
