(acTÚa FAMILIA/InfoCatólica) En una reciente y controvertida situación que ha sacudido a la comunidad de San Fernando, el Defensor del Pueblo Andaluz ha comenzado una investigación formal contra el Ayuntamiento de Cavada, tras la distribución de material inapropiado, denominado«porno-agenda», durante la cabalgata de Reyes. Este caso, que ha suscitado una amplia preocupación entre los ciudadanos y diversas asociaciones familiares, es ahora objeto de escrutinio por parte de las autoridades competentes.
La queja, presentada por la organización acTÚa FAMILIA, ha sido admitida a trámite por la oficina del Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, lo que marca un paso significativo en la búsqueda de claridad y responsabilidad sobre los hechos ocurridos. Según Pedro Mejías, coordinador de acTÚa FAMILIA, este movimiento por parte de la Defensoría refleja la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.
La alcaldesa Patricia Cavada, bajo cuya administración se produjo la distribución de estas agendas, ha sido el centro de críticas y pedidos de explicaciones más detalladas sobre cómo se permitió la inclusión de dicho material en un evento dirigido principalmente a niños y familias. La respuesta inicial del ayuntamiento, percibida como insuficiente por muchos, ha llevado a un clamor por mayor transparencia y posibles acciones legales y políticas contra los responsables.
La campaña de acTÚa FAMILIA, apoyada por la moción presentada por Vox en el pleno municipal, ha logrado nacionalizar el escándalo, destacando la importancia de proteger a los menores de la exposición a contenido sexual inapropiado. La declaración del portavoz socialista, Conrado Rodríguez, sobre la consideración de la petición de la empresa proveedora de las agendas ha añadido más preguntas que respuestas sobre el criterio utilizado para su aprobación.
Este caso no solo ha provocado una revisión de las políticas y procedimientos del ayuntamiento sino que también ha despertado una discusión más amplia sobre la protección de la infancia y la responsabilidad de los cargos públicos en la preservación de valores comunitarios. La insistencia de Mejías en la dimisión o cese de Nerea León subraya la demanda de consecuencias no solo legales sino también políticas frente a actos que afectan a la integridad y moral de los menores.
La comunidad de San Fernando espera ahora los resultados de la investigación del Defensor del Pueblo Andaluz, confiando en que se arroje luz sobre este asunto y se tomen las medidas necesarias para evitar la repetición de incidentes similares. Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la acción ciudadana en la protección de los valores familiares y el bienestar de los niños.
