(Lifenews/infoCatólica) Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, Planned Parenthood y dos grupos abortistas internacionales recibieron colectivamente 1.890 millones de dólares en fondos federales entre 2019 y 2021. La afluencia de dinero en efectivo permite a estas organizaciones abogar por el aborto por cualquier razón y sin límites, a pesar de que la ley federal prohíbe el gasto de fondos federales para abortar. Peor aún, los contribuyentes estadounidenses están financiando abortos en el extranjero..
El resumen del informe de Pro-Life Caucus detalla una financiación masiva federal en favor del aborto. Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos de Estados Unidos, recibió una media de casi 600 millones de dólares al año en financiación federal. Este dinero procedía de subvenciones federales, reembolsos de subvenciones federales de Medicaid, Medicare y CHIP, y del Programa de Protección de Cheques COVID-19.
La senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, una de las legisladoras que solicitó el informe de la GAO sobre la financiación federal del aborto, criticó que Planned Parenthood recibiera ayudas también por la pandemia de Covid:
«Mientras las pequeñas empresas luchaban por llegar a fin de mes durante la pandemia, Planned Parenthood desvió ilegalmente más de 90 millones de dólares del Programa de Protección de Cheques, diseñado específicamente para ayudar a nuestras tiendas familiares a mantener sus puertas abiertas».
Dado que el Programa de Protección de Nóminas debía ayudar a las pequeñas empresas, las que tenían más de 500 empleados no podían acogerse a él. Planned Parenthood tiene 16.000 empleados en todo el país y, sin embargo, la administración Biden concedió casi 100 millones de dólares en ayudas al grupo.
No es ninguna sorpresa lo que Planned Parenthood hizo con el dinero. Según el informe de Pro-Life Caucus, Planned Parenthood ha acabado con la vida de más de 9,3 millones de niños no nacidos desde 1970. Y esas cifras han ido en aumento. En el período de tres años cubierto por el informe de la GAO, Planned Parenthood realizó 1,1 millones de abortos. Sólo en el año fiscal 2021, Planned Parenthood practicó 374.155 abortos -unos 1.025 abortos al día- o un aborto cada dos minutos. Aunque Planned Parenthood a menudo intenta destacar los otros servicios médicos que proporciona a las mujeres, el aborto constituye el 98% de los «servicios» que proporciona a las mujeres embarazadas.
Dos organizaciones internacionales también fueron beneficiarias de la generosidad del gobierno federal. La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) opera en 146 países en todo el mundo y recibió más de 2 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. En 2022, la IPPF proporcionó 5 millones de «servicios relacionados con el aborto». La IPPF promueve agresivamente el aborto, instando a países de todo el mundo a legalizarlo.
MSI Reproductive Choices es la segunda organización internacional de aborto que Estados Unidos apoya consistentemente con dólares de los contribuyentes. MSI opera en 37 países y describe la realización de abortos como parte de su misión. En 2020, proporcionó 4 millones de «abortos y servicios de atención postaborto». MSI se jacta de capacitar a «trabajadores de salud comunitarios» para proporcionar abortos químicos. Además, MSI trabaja para derogar leyes pro-vida en países como Kenia, Sierra Leona, Malawi, Bolivia y Nigeria. Para 2030, MSI espera proporcionar uno de cada tres abortos en los países donde opera. Entre 2013 y 2021, MSI recibió 51 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.
Todo esto viola el espíritu de la ley federal. Las enmiendas Hyde y Helms prohíben que los fondos federales domésticos se utilicen para pagar el aborto. Sin embargo, Planned Parenthood explota una gran laguna legal: esas enmiendas no prohíben que los proveedores de aborto reciban fondos federales. Así que, siempre y cuando Planned Parenthood no use el dinero federal recibido específicamente para el aborto, no hay límites.
Hay otra manera. La administración Trump implementó la Regla de Protección de la Vida, que obligó a los beneficiarios del Título X (la principal fuente de financiamiento federal de Planned Parenthood) a separar física y financieramente sus instalaciones de aborto de otros «servicios». De manera similar, la administración prohibió que la ayuda extranjera fuera a ONGs que promueven o realizan el aborto. Planned Parenthood y sus aliados internacionales se negaron a cumplir dichas condiciones, lo que los hizo inelegibles para las subvenciones.
El presidente Biden revocó esas políticas inmediatamente al asumir el cargo, lo que llevó a la actual promoción del aborto a expensas del contribuyente.
