(Ecclesia/InfoCatólica) La creación de una comisión de arbitraje de ámbito nacional tiene el objetivo de estudiar las denuncias presentadas por abusos en las Oficinas de Protección de Menores que no pueden «tener recorrido en el ámbito judicial sea en ámbito civil, canónico o penal bien porque el victimario haya fallecido o haya prescripción y para atender esos casos. Los que tienen recorrido judicial estamos a la espera de sentencias», ha informado el secretario general del episcopado, Francisco César García Magán.
La comisión está prevista en el Plan de Reparación integral a las víctimas que han estudiado los obispos durante estas jornadas de trabajo. Dicho plan, ha recordado García Magán, está orientado a evitar que los casos de abusos a menores vuelvan a repetirse, a la vez que plantea cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada «dando respuesta a la demanda que cada caso particular requiere».
Asimismo, en la Comisión Permanente se ha presentado el último informe actualizado 'Para dar luz', después de integrar las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y de la auditoría elaborada por el despacho de Cremades & Calvo Sotelo, que fue entregado formalmente en diciembre.
Sobre la auditoría de Cremades, el secretario general de la CEE ha especificado que el coste final ha sido de algo más de 1,2 millones de euros y ha valorado el trabajo desempeñado por el bufete de abogados:
«Reitero lo que dije y hace poco dije en un medio, es valiosa la auditoría se han incorporado las sugerencias valiosas. En el plan de reparación integral hay sugerencias del Defensor del Pueblo y Cremades».
En cuanto al informe 'Para dar luz', el portavoz de los obispos ha señalado que se pretenden dar pasos de cara al futuro y poner a la víctima en el centro: «Es un plan que será ratificado en marzo por el que la víctima debe ser escuchada, atendida y ofrecer una asistencia adecuada y personalizada», ha comentado.
