(GaudiumPress/InfoCatólica) Martha Patricia Molina, una investigadora y abogada especializada en la persecución del régimen Ortega contra la Iglesia Católica, informa que agentes de la dictadura han perpetrado el secuestro y condena de tres laicos, una mujer y dos hombres, que colaboraban estrechamente con monseñor Rolando Álvarez. Este último, recientemente deportado a Italia por la dictadura, se ha convertido en blanco de represalias por parte del régimen.
Recientemente, Molina presentó denuncias con respecto a los casos de Mariví Elieth Andino Ramírez, Julio Rafael Berríos Noguera y Santos Julio Sevilla Rivera. Estos individuos, quienes desempeñaban funciones en Cáritas, fueron condenados durante el pasado mes de diciembre como parte de una escalada de represión por parte del régimen.
El 21 de mayo de 2023, Mariví Andino fue víctima de un secuestro y trasladada a cárceles en Managua donde se practica la tortura. Con tres niños pequeños a su cargo, se vio obligada a dejarlos solos. Sorprendentemente, fue condenada a más de 6 años de prisión en un juicio a puerta cerrada, sin el derecho a una defensa adecuada. Este preocupante episodio refleja la grave situación de vulnerabilidad y falta de garantías procesales que enfrentan los afectados por la represión del régimen.
Con 60 años de edad, Julio Berríos fue objeto de secuestro el 22 de mayo del año pasado. Con una trayectoria de 24 años de servicio en Cáritas Estelí, su vida dio un giro drástico al ser condenado a seis años de prisión en un juicio a puerta cerrada, privándolo del derecho a una defensa adecuada. Su salud se encuentra en deterioro, destacando la urgente necesidad de abordar las condiciones inhumanas impuestas por esta acción represiva.
Santos Sevilla, de 55 años, también fue secuestrado el 20 de mayo de 2023. Agravando aún más su situación, enfrenta problemas de discapacidad. Su labor como mensajero en Cáritas Estelí y su participación en el coro de la parroquia San Francisco de Asís de la diócesis de Estelí, bajo la dirección de Mons. Rolando Álvarez, lo vinculan con la persecución en curso. En un proceso judicial a puerta cerrada, se le negó el derecho a tener un abogado de confianza, revelando la falta de transparencia y garantías legales en este caso alarmante.
