(LifeSiteNews/InfoCatólica) Un destacado defensor de la vida se verá obligado a pagar a la empresa abortista Planned Parenthood más de 18 millones de dólares por sacar a la luz sus ventas de partes de bebés abortados.
El presidente de Operation Rescue, Troy Newman, junto con varios otros activistas provida, perdieron una moción para evitar que Planned Parenthood cobrara una sentencia punitiva de 16 millones de dólares en un caso relacionado con el tráfico de partes del cuerpo de bebés abortados. La sentencia se dictó el 6 de diciembre de 2023.
Planned Parenthood demandó a los activistas por la publicación en 2015 de una serie de vídeos encubiertos en los que se detallaba la participación secreta del Cártel del Aborto en lo que parecía ser un aprovechamiento ilegal del tráfico de tejidos y órganos extraídos de los cuerpos de bebés abortados en centros de Planned Parenthood. Newman y los demás activistas fueron condenados injustamente en un tribunal federal de San Francisco en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO, por sus siglas en inglés), lo que dio lugar a una condena pecuniaria de más de 16 millones de dólares.
«Siempre he mantenido mi inocencia y seguiré haciéndolo», declaró Newman. «No cabe duda de que la considerable influencia política de Planned Parenthood contribuyó a lo que considero una injusticia contra quienes expusimos pruebas de las espeluznantes prácticas de tráfico de partes de bebés de Planned Parenthood».
Las pruebas y testimonios presentados durante el juicio parecían exonerar a los activistas provida, pero fueron ignorados.
Durante el juicio se determinó que los vídeos encubiertos que mostraban a abortistas y ejecutivos de Planned Parenthood negociando la venta de tejidos y órganos extraídos de bebés abortados eran exactos y no estaban «trucados», como proclamaron falsamente los medios de comunicación.
Desgraciadamente, en octubre, el Tribunal Supremo se negó a escuchar la apelación de Troy Newman, director de Operation Rescue, a la sentencia de un juez liberal que le obligaba a pagar a la empresa abortista por grabar vídeos en los que sus directivos admitían que vendían partes de bebés abortados para lucrarse.
Planned Parenthood demandó a Newman, antiguo miembro de la junta directiva del Centro para el Progreso Médico (CMP), por su papel en la revelación de la organización sobre sus espeluznantes ventas de partes de bebés abortados. El gigante del aborto demandó a Newman y a sus codemandados después de que el CMP publicara los vídeos de su investigación encubierta, que sacaban a la luz algunas de las horrendas prácticas abortivas de Planned Parenthood. Los vídeos condujeron a investigaciones en el Congreso y a la remisión de casos por parte del Congreso para su enjuiciamiento penal por la venta de partes del cuerpo de bebés abortados. Una de esas remisiones condujo a un enjuiciamiento exitoso.
Desde 2016 hasta 2019, el caso se abrió camino en el tribunal federal de primera instancia e incluyó un juicio de seis semanas en San Francisco. Las pruebas en el juicio incluyeron a una doctora abortista que admitió el uso de técnicas específicas durante los procedimientos de aborto para mantener intactos ciertos órganos del bebé y a otra que declaró que «quería un Lamborghini» durante una discusión sobre los precios de venta de dichos órganos.
A pesar de estos testimonios, el tribunal ordenó repetidamente al jurado que ignorara cualquier prueba de los supuestos actos ilegales y contrarios a la ética de Planned Parenthood. En su lugar, el tribunal ordenó al jurado que se centrara únicamente en las técnicas y métodos de investigación de los acusados.
Edward Whtie, abogado de ACLJ, que representó a Newman en la demanda, condenó previamente el fallo. White también condenó la absurda conclusión de que los investigadores encubiertos formaban parte de una empresa de crimen organizado en virtud de la ley RICO, promulgada para ayudar al gobierno federal a combatir a las familias del crimen organizado. Debido a esta incorrecta conclusión, se triplicó el importe de la indemnización concedida a Planned Parenthood.
«El veredicto del jurado y las diversas sentencias dictadas por el tribunal de primera instancia son contrarios a la ley y a las pruebas», afirmó.
White dijo que «la decisión RICO del Noveno Circuito está en conflicto directo con las decisiones del Tribunal Supremo. Garantizar que la jurisprudencia RICO del Tribunal Supremo se aplique de forma correcta y coherente es una cuestión de importancia nacional, dado que la ley RICO permite triplicar las indemnizaciones por daños y perjuicios en casos civiles, así como otras sanciones penales y civiles onerosas».
Pero el más alto tribunal de la nación ha declinado hoy hacerse cargo del caso y proporcionar a Newman la justicia que merece.
Durante el juicio, los dirigentes de Planned Parenthood admitieron en un testimonio jurado que vendían partes de bebés abortados.
