(Lifenews/InfoCatólica) El juez James Wesley Hendrix determinó que era probable que el estado de Texas y dos agrupaciones de médicos provida prevalecieran en su demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Hendrix dictó su orden en un caso llamado Texas y otros, contra Xavier Becerra y otros.
El estado de Texas, junto con la American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (Asociación Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras Pro-Vida) y la Christian Medical & Dental Associations (Asociación Médica y Dental Cristiana), demandaron al gobierno de Biden para impugnar su mandato proabortista, que se basaba creativamente en la Emergency Medical Treatment and Labor Act (Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia, o EMTALA).
Texas y los otros demandantes argumentaron que el mandato de la administración Biden exige ilegalmente abortos en situaciones en las que Texas los prohíbe en virtud de su propia ley, la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas.
Pero ahora los abogados de Biden vuelven a los tribunales intentando abusar de la ley para obligar a Texas a permitir abortos. Se enfrentarán a los abogados del estado durante los alegatos orales en el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. del 5º Circuito en el caso Estado de Texas contra Becerra.
Los abogados de ADF que representan a la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida y a las Asociaciones Médicas y Dentales Cristianas, dicen a LifeNews que este es un caso relativo al uso ilegal de la ley federal para obligar a los médicos de urgencias a realizar abortos. Pidieron a un tribunal federal de apelaciones que mantuviera en vigor una sentencia de un tribunal inferior que impedía a la administración Biden emplear la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Emergencia para obligar a los médicos a practicar abortos electivos en las salas de urgencias.
«Los hospitales -especialmente las salas de urgencias- son centros para preservar la vida. El gobierno no tiene por qué transformarlos en clínicas abortistas», dijo Ryan Bangert, Vicepresidente Senior de Iniciativas Estratégicas de la ADF, que defenderá el caso ante el tribunal. «Los médicos no deberían verse obligados a romper el juramento hipocrático, y no deberían tener que elegir entre violar sus creencias profundamente arraigadas o enfrentarse a fuertes sanciones económicas y ser excluidos del programa Medicare. Los médicos de urgencias pueden tratar, y tratan, embarazos ectópicos y otras enfermedades potencialmente mortales. Pero el aborto electivo no es una atención que salve vidas -acaba con la vida del feto- y el gobierno no tiene autoridad para obligar a los médicos a realizar estos peligrosos procedimientos. Instamos al tribunal a que confirme la sentencia del tribunal inferior y permita que las salas de urgencias cumplan su función principal: salvar vidas.»
El Congreso promulgó la EMTALA en 1986 para garantizar el acceso público a los servicios de urgencias con independencia de que una persona pudiera o no pagarlos. El artículo 1867 de la Ley de Seguridad Social impone obligaciones específicas a los hospitales participantes en Medicare que ofrecen servicios de urgencias para que proporcionen un examen médico de detección o tratamiento de una afección médica de urgencia, incluido el parto activo, independientemente de la capacidad económica.
Los hospitales están obligados a proporcionar tratamiento estabilizador a los pacientes con lo que se denominan afecciones médicas de urgencia. Si un hospital participante en Medicare no puede estabilizar a un paciente, o si el paciente lo solicita, el hospital traslada al paciente a otro centro.
«Los hospitales -especialmente las salas de urgencias- son centros para preservar la vida. El gobierno no tiene por qué transformarlos en clínicas abortistas», dijo Ryan Bangert, Vicepresidente Senior de Iniciativas Estratégicas de la ADF, que defenderá el caso ante el tribunal:
«Los médicos no deberían verse obligados a romper el juramento hipocrático, y no deberían tener que elegir entre violar sus creencias profundamente arraigadas o enfrentarse a fuertes sanciones económicas y ser excluidos del programa Medicare. Los médicos de urgencias pueden tratar, y tratan, embarazos ectópicos y otras enfermedades potencialmente mortales. Pero el aborto electivo no es una atención que salve vidas -acaba con la vida del feto- y el gobierno no tiene autoridad para obligar a los médicos a realizar estos peligrosos procedimientos. Instamos al tribunal a que confirme la sentencia del tribunal inferior y permita que las salas de urgencias cumplan su función principal: salvar vidas.»
El Congreso promulgó la EMTALA en 1986 para garantizar el acceso público a los servicios de urgencias con independencia de que una persona pudiera o no pagarlos. El artículo 1867 de la Ley de Seguridad Social impone obligaciones específicas a los hospitales participantes en Medicare que ofrecen servicios de urgencia para que proporcionen un examen médico de detección o tratamiento de una afección médica de urgencia, incluido el trabajo de parto activo, independientemente de la capacidad económica.
Los hospitales están obligados a proporcionar tratamiento estabilizador a los pacientes con lo que se denominan afecciones médicas de urgencia. Si un hospital participante en Medicare no puede estabilizar a un paciente, o si el paciente lo solicita, el hospital lo traslada a otro centro.
El Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, emitió unas directrices federales en julio, argumentando que la ley de 1986 «protege [el] juicio clínico y las medidas que [los médicos] toman para proporcionar tratamiento médico estabilizador a [sus] pacientes embarazadas», independientemente de cualquier restricción del aborto en su estado.
Bastante sencillo, ¿verdad?
Pero entonces Becerra estiró los límites de la ley y el sentido común con esta lectura de la ley sobre el tratamiento médico de emergencia, diciendo:
«Si un médico cree que una paciente embarazada que se presenta en un servicio de urgencias, incluidos ciertos servicios de parto, sufre una urgencia médica según la definición de la EMTALA, y que el aborto es el tratamiento estabilizador necesario para resolver esa situación, el médico debe proporcionar ese tratamiento. Y cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida y la salud de la persona embarazada -o establece la excepción de forma más restrictiva que la definición de urgencia médica de la EMTALA-, esa ley estatal queda excluida».
Esta interpretación significa que, según el mandato del HHS, la propia definición de «urgencia médica» del gobierno federal prevalecería sobre cualquier definición estatal más restrictiva. También significa que los abortos electivos se calificarían como «condiciones médicas de emergencia».
¿Es ésta una lectura adecuada de la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia? Ni mucho menos. Es un intento mal disimulado de utilizar la ley federal para transformar todas las salas de urgencias del país en clínicas de aborto sin cita previa.
¿Cómo sabemos esto? Porque la EMTALA exige a los proveedores de atención sanitaria (más concretamente, a los hospitales financiados con fondos federales y participantes en Medicare) que proporcionen tratamiento estabilizador de las afecciones médicas de urgencia que supongan un grave peligro para los pacientes, incluido el «feto» de la mujer embarazada (una frase que se utiliza cuatro veces en la ley).
La ley no ordena, dirige, aprueba ni sugiere la prestación de ningún tratamiento específico. No dice nada de exigir el aborto.
Hendrix señaló esto en su orden de concesión de la reparación solicitada por los demandantes a Texas y a los dos grupos médicos, afirmando que la orientación de Becerra del HHS:
«...va mucho más allá del texto de la EMTALA, que protege tanto a las madres como a los niños no nacidos, no se pronuncia sobre el aborto y sólo se opone a la ley estatal cuando ambas entran directamente en conflicto. Dado que la ley no dice nada al respecto, las directrices no pueden responder a cómo deben sopesar los médicos los riesgos tanto para la madre como para el feto. Tampoco puede, al hacerlo, crear un conflicto con la ley estatal cuando no existe. Por lo tanto, las directrices no estaban autorizadas».
La Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto, subrayó Hendrix, «protege explícitamente tanto a las madres como a los niños no nacidos», algo que las directrices del HHS ignoraban.
El juez resumió:
«Las directrices descartan el requisito de tener en cuenta el bienestar de los niños no nacidos a la hora de determinar cómo estabilizar a una mujer embarazada; pretenden prevalecer sobre las leyes estatales a pesar de las disposiciones explícitas en sentido contrario; e interfieren de forma inadmisible en la práctica de la medicina en violación de la Ley de Medicare. Dado que la orientación del HHS es una declaración de política que establece o modifica una norma jurídica sustantiva, también estaba sujeta a los requisitos de notificación y comentario, requisitos que no se han cumplido en este caso».
El caso de Idaho
En un caso similar al de Texas, el Departamento de Justicia presentó una demanda el 2 de agosto contra el estado de Idaho, con la esperanza de socavar su nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos, alegando que la ley estatal entra en conflicto con EMTALA y el tratamiento médico de las mujeres embarazadas en las salas de emergencia.
El juez de distrito B. Lynn Winmill dictaminó el miércoles que la ley de Idaho entra en conflicto con la ley federal porque prohíbe el aborto en casi todas las circunstancias.
Sin embargo, la ley de Idaho permite a un médico alegar como defensa afirmativa en un caso penal que determinó que el aborto era necesario para salvar la vida de la paciente.
En desacuerdo, Winmill señaló que la ley de Idaho pone a los médicos ante la «tarea imposible de intentar cumplir simultáneamente la ley federal y la estatal» y que «la ley estatal debe ceder ante la federal cuando es imposible cumplir ambas».
Los expertos también han señalado que si los administradores de los hospitales de Idaho creen que no pueden cumplir tanto la ley estatal como la federal, simplemente podrían rechazar la financiación de Medicare que les somete a la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia en primer lugar.
Es probable que Idaho recurra la decisión de Winmill ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito.
