(CNA/InfoCatólica) Kentucky, Alabama, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental firmaron un amicus curiae en apoyo de la libertad de expresión de los antiabortistas.
Según el escrito de los estados, las leyes tienen «consecuencias nefastas» al permitir al gobierno «cortar la expresión sobre una cuestión moral y política muy controvertida» fuera de una clínica abortista «donde una mujer embarazada toma una decisión que cambia su vida y la de su hijo».
Varios expertos jurídicos, así como organizaciones provida, incluidos centros de recursos para embarazadas, también presentaron amicus curiae. En total, se presentaron 18 en apoyo de la libertad de expresión a favor de la vida.
Debra, católica y provida
El caso gira en torno a Debra Vitagliano, una católica madre de tres hijos que ha demandado a un condado de Nueva York por prohibir a los antiabortistas asesorar a las mujeres y ofrecerles alternativas al aborto a menos de 30 metros de una clínica, incluidas las aceras.
Vitagliano está representada por Becket, un bufete de abogados especializado en casos de derechos religiosos y libertad de expresión.
Vitagliano, de 64 años, es terapeuta ocupacional de niños con necesidades especiales. Como católica y trabajadora de niños con necesidades especiales, Vitagliano cree que todos los niños tienen dignidad humana y merecen una oportunidad en la vida.
Se formó como asesora en la acera para ayudar a las mujeres a elegir la vida, pero una ley del condado de Westchester, conocida como Ley de Acceso a los Centros de Salud Reproductiva, que entre otras disposiciones prohíbe hablar en favor de la vida fuera de las clínicas abortistas, se lo impidió.
«Quiero ofrecer a las mujeres vulnerables al aborto un mensaje de esperanza y compasión, haciéndoles saber que son amadas y que pueden conservar a sus bebés», dijo Vitagliano en un comunicado de prensa difundido por Becket el 25 de agosto.
La ley del condado de Westchester, denominada ley de la zona «burbuja» o «tampón», impone penas de hasta 5.000 dólares y un año de cárcel a los antiabortistas que intenten asesorar a las mujeres fuera de las clínicas abortistas.
La ley del condado de Nueva York se aprobó tras la anulación del caso Roe contra Wade en junio de 2022. Se basa en una ley similar de Colorado que estableció un precedente para tales zonas burbuja en el caso Hill v. Colorado de la Corte Suprema en 2000.
«El año pasado, cinco jueces de la Corte Suprema declararon que Hill suponía una importante desviación de la protección de la libertad de expresión en nuestro país», declaró Becket en un comunicado de prensa. «El caso de Debra presenta una oportunidad ideal para que la Corte Suprema corrija el error de Hill y proteja a todos aquellos que quieren servir a las mujeres vulnerables al aborto».
El caso de Vitagliano fue desestimado por un Tribunal de Distrito de Nueva York basándose en el precedente de Hill contra Colorado. Su caso fue desestimado de nuevo el 21 de junio por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito por la misma razón.
