(CNA/InfoCatólica) La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Grand Rapids (Michigan) pide al Tribunal de Apelación del 6º Circuito que impida a la Fiscalía General del Estado utilizar la Ley de Derechos Civiles Elliott Larsen para obligar a la parroquia a contratar empleados que rechacen las enseñanzas católicas sobre sexualidad e identidad de género o a cambiar sus políticas respecto a los alumnos de su escuela parroquial que sientan atracción por personas del mismo sexo o se identifiquen como transexuales. La parroquia pide que el tribunal de apelación anule la decisión de un tribunal inferior de desestimar su demanda.
Aunque la oficina del fiscal general no ha emitido ninguna admonición legal ni ha presentado ninguna denuncia contra la parroquia, la demanda argumenta que podría ser objeto de un ataque basado en la reciente reinterpretación de la ley por parte del Tribunal Supremo de Michigan.
La ley existe desde 1977, pero en julio de 2022, el tribunal confirmó una interpretación de la ley realizada por la Comisión de Derechos Civiles de Michigan, según la cual la prohibición de discriminar por razón de sexo incluía también la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Otra institución que está demandando al estado por la misma ley, Christian Healthcare Centers, también presentó un recurso ante el mismo tribunal de apelación después de que su demanda fuera desestimada. Ambas organizaciones están representadas por Alliance Defending Freedom.
«Las autoridades de Michigan deberían respetar la libertad de las organizaciones religiosas, protegida por la Constitución, de seguir la misma fe que las ha motivado a servir a sus comunidades», dijo en un comunicado John Bursch, abogado principal de ADF.
«Christian Healthcare Centers, por ejemplo, debería ser libre de continuar ofreciendo su magnífica labor a las comunidades a las que sirve a través de su atención médica de bajo costo y alta calidad», dijo Bursch.
«Y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ha servido fielmente a las familias de Grand Rapids durante más de un siglo, siendo que su escuela ofrece un rico entorno académico y espiritual a cientos de niños. Esperamos que el 6º Circuito respete sus libertades protegidas por la Primera Enmienda para que puedan seguir sirviendo a sus comunidades sin ser sometidos ilegítimamente a una ley estatal que podría socavar su fe y su misión.»
La parroquia alega en su demanda que la nueva interpretación permitiría a la oficina del fiscal general etiquetar sus políticas de normas de conducta para los empleados de la parroquia y su escuela como «discriminación.» La norma de conducta de la parroquia exige que los empleados crean, apoyen y modelen la fe, lo que incluye la adhesión a las enseñanzas católicas relacionadas con la homosexualidad y la transexualidad.
Además de las prácticas de contratación, a la parroquia le preocupa que esta reinterpretación de la ley pueda impedir que la escuela defienda las enseñanzas católicas relacionadas con la atracción por personas del mismo sexo y la transexualidad si surge el problema con los alumnos.
Del mismo modo, Christian Healthcare Centers teme que la reinterpretación de esta ley pueda obligarles a contratar a personas que se nieguen a vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas sobre sexualidad y género. El grupo también teme verse obligado a facilitar transiciones de género a los pacientes y a utilizar pronombres que no coincidan con la identidad biológica de la persona.
La juez de distrito Jane Beckering no estuvo de acuerdo con sus argumentos, y dictaminó que la ley ya incluye protecciones para la libertad religiosa y ninguna de las dos organizaciones pudo demostrar que la oficina del fiscal general tuviera la intención de aplicar la ley de un modo que restringiera su libertad religiosa.
El juez decidió que ambas demandas carecían de legitimación y que el temor subjetivo que puede afectar a las actividades de los grupos no era suficiente para justificar las demandas. Finalmente, Beckering desestimó ambas demandas.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, emitió un comunicado elogiando la sentencia del tribunal de distrito.
«Me complace que la juez Beckering haya reconocido sistemáticamente que los casos de los demandantes carecían de fundamento fáctico», declaró Nessel. «Según la legislación de Michigan, la libertad religiosa ya se tiene en cuenta en virtud de la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen a la hora de evaluar las demandas por discriminación. Los residentes de nuestro estado pueden estar seguros de que las protecciones recientemente promulgadas en Michigan para la comunidad LGBTQ+ se aplicarán en la mayor medida que permita la Constitución.»
A pesar de las garantías de que la ley tiene en cuenta la libertad religiosa, Nessel ha sido acusada de utilizar las leyes estatales para atacar a las organizaciones cristianas en el pasado. A principios de su mandato, la fiscal general intentó sin éxito obligar a los centros de adopción confesionales a certificar las adopciones de parejas del mismo sexo o perder los contratos estatales. Se refirió a los centros confesionales como «incitadores al odio».
Nessel ha hecho otros comentarios despectivos directamente hacia los católicos. Se burló del Papa Francisco por animar a la gente a formar familias diciendo: «Puedo decirte que no hay nada más egoísta que tener hijos que no quieres sólo [porque] el Papa piensa que deberías». En respuesta a los abusos sexuales en la Iglesia católica, dijo:
«Si un investigador viene a su puerta y pide hablar con usted, por favor, pida ver su placa y no su rosario».
