(Fides/InfoCatólica) En los últimos días, la policía de la provincia de Sultan Kudarat (en la isla de Mindanao) detuvo a Aileen Manipol Villarosa, de 41 años, trabajadora de una organización afiliada a los «Misioneros Rurales de Filipinas», acusada de financiar el terrorismo. Los Misioneros Rurales de Filipinas (RMP) son una organización católica nacional, intercongregacional e interdiocesana, de religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos, que viven junto a campesinos, agricultores, pescadores y pueblos indígenas.
La organización, creada en 1969, es socia de la Asociación de Superiores Religiosos Mayores de Filipinas y actualmente denuncia la continuación de la práctica del «red tagging»: ya en agosto de 2022, el Departamento de Justicia inculpó a 16 personas vinculadas a la organización, entre ellas cinco religiosas, por presunta financiación del terrorismo, acusadas de transferir fondos al Nuevo Ejército del Pueblo, grupo armado de inspiración comunista en conflicto con el Estado.
Además, en noviembre de 2022, el reverendo Edwin Egar, sacerdote de la «Iglesia Unida de Cristo en Filipinas», junto con su esposa, Julieta Egar, fueron acusados de apoyo al terrorismo, junto con otras 71 personas, entre sindicalistas y cooperantes, que niegan todos los cargos.
Como afirma el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas (NCCP), el «red-tagging» se produce independientemente de las creencias o afiliaciones políticas y es «una incitación a la represión y la persecución contra quienes critican al gobierno». Organizaciones de la sociedad civil, misioneros y personal eclesiástico han sufrido amenazas y detenciones, acusados de «encubrir a grupos terroristas comunistas locales». Leyes como la Ley Antiterrorista de 2020 y la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012 agravan la amenaza de la «red-tagging».
Miembros de comunidades cristianas como la Iglesia Católica, la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas, la Iglesia Filipina Independiente y la Iglesia Metodista Unida de Filipinas han sido objeto de estas acusaciones. Los bienes de los Misioneros Rurales de Filipinas y de la Iglesia Unida de Cristo en el sur y el centro del país fueron congelados en virtud de la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo.
El sistema de «red tagelling» ha sido utilizado por el gobierno filipino en el contexto de una campaña de contrainsurgencia militarizada que ya se llevó a cabo bajo el gobierno del ex presidente filipino Rodrigo Duterte y continúa bajo la administración del actual presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. El resultado es la intensificación de la militarización en las zonas rurales y la creciente coerción de los ciudadanos, señala el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas.
«Quienes defienden la tierra, a menudo propiedad ancestral de los pueblos indígenas, frente al desarrollo de minas y presas se enfrentan a los militares filipinos, que utilizan su poder para proteger los intereses de las empresas multinacionales. Los agricultores, que buscan medios de vida justos, decentes y sostenibles para sus familias y comunidades, a menudo son encarcelados o asesinados, mientras que los abogados que intentan representarlos son agredidos o detenidos», señala el Consejo.
El Consejo ha llevado estas demandas a la reunión del Comité Central del «Consejo Ecuménico de las Iglesias» (CEC) celebrada en Ginebra en los últimos días. El CEC ha condenado las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Filipinas y ha pedido al gobierno de este país que tome medidas para poner fin a estas violaciones.
El Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, que trabaja valientemente con y por los pobres, pide al gobierno y a los grupos comunistas que reanuden las negociaciones de paz y aborden las causas profundas del conflicto armado. El organismo ecuménico invita a las comunidades cristianas, de todas las confesiones, a rezar por quienes luchan y sufren por defender la dignidad de toda persona, especialmente los grupos más vulnerables, pidiendo a los fieles que acompañen y apoyen su compromiso evangélico.
