(Agencias/InfoCatólica) El comisario de Justicia, Didier Reynders, declaró el miércoles que la Comisión Europea no tiene la intención de regular la gestación subrogada en la Unión Europea, ya que considera que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales. Sin embargo, Reynders advirtió sobre la vulnerabilidad de las mujeres en situación de pobreza en países terceros donde esta práctica reproductiva está permitida.
En un debate ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), Reynders afirmó: «La posible regulación o incluso prohibición de la gestación subrogada o establecer la filiación en casos de gestación subrogada es competencia de cada Estado miembro (...). Quiero dejar claro que el objetivo de la Comisión no es legalizarla en la UE», según informa EP.
La Eurocámara celebró un debate sobre los «riesgos de la explotación y comercialización» de la gestación subrogada en la Unión Europea, propuesto por el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que incluye a Vox, y que está vinculado a una propuesta para proteger la filiación de niños de familias LGTBI cuando se desplazan por la Unión Europea.
Reynders enfatizó que estas dos cuestiones no están relacionadas y que el objetivo de la Comisión Europea es proteger los derechos adquiridos por un niño registrado en un país de la UE, independientemente de cómo haya sido concebido o nacido, para garantizar que no los pierda al desplazarse libremente por la UE.
Competencia nacional, así se empezó con el aborto
El comisario subrayó que la gestación subrogada es «competencia de cada Estado miembro» y que «la Comisión Europea no puede intervenir en estas decisiones nacionales ni tiene competencias para presentar propuestas al respecto». Sin embargo, señaló que ningún país de la UE permite la gestación subrogada con fines comerciales y solo algunos la permiten sin motivación comercial.
Reynders también reconoció que la Comisión es consciente de los problemas que plantea la regulación de los vientres de alquiler en países terceros y advirtió sobre el riesgo de que las mujeres en situación de pobreza sean especialmente vulnerables en este contexto.
En conclusión, Reynders reiteró el compromiso de la Comisión Europea con la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y su compromiso de combatir «cualquier forma de tráfico de seres humanos» dentro del marco de sus competencias.
El pronunciamiento no es muy esperanzador, las declaraciones iniciales de los responsables comunitarios frente a legislaciones abortistas o antifamilia también empezaron así, «es competencia nacional» para pasar luego a una imposición ideológica que está llegando a su paroxismo en los casos de persecución a Polonia o Hungría.
