Piden al ministro de educación que dialogue de verdad

Profesionales por la Ética denuncia que el gobierno oculta que hay alrededor de 54.000 objetores a la EpC

Profesionales por la Ética aseguró hoy en un comunicado que «las objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía siguen aumentando y rondan las 54.000», y a la vez criticó que, «como ha ocurrido en cursos anteriores», la Administración educativa «oculta las cifras de objeción o las encubre». El secretario general de Profesionales por la Ética, Fabián Fernández de Alarcón, explicó que el conflicto de Educación para la Ciudadanía sigue muy vivo. Sin embargó, valoró los «guiños» del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y consideró que «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a sus dos predecesoras, pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin entrar esas clases y estas asignaturas continúan adoctrinando». «El ministro tiene que materializar ya su actitud dialogante y recibir a los representantes de los objetores», añadió el secretario general.

(EP/InfoCatólica) El comunicado también se refirió a un panorama judicial "notablemente alterado". Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "ha notificado, desde el 23 de septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34 alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver". De la misma forma, 240 familias en Valencia y unos padres madrileños, han presentado recursos a los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivas comunidades que están pendientes de resolver.

Por otro lado, Profesionales por la Ética indicó que las Administraciones educativas "no han cumplido las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la asignatura". Éstas advertían de que la educación estatal no podía tomar posiciones sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española, ni erigirse en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. "Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido (mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo", apostilló la asociación.

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