(Infocatólica) La carta de Mons. Rojas empieza señalando que «la Jerarquía filipina, desde 1954 hasta el presente, siempre ha mantenido y defendido la posición oficial católica (magisterial) sobre la inaceptabilidad de la masonería, dados sus graves errores tanto en la doctrina (principios filosóficos) como en las prácticas». Y añade:
«Asimismo, ha procurado aplicar las disposiciones del Derecho Canónico sobre las penas en que incurren los católicos por su adhesión a la masonería. Sin embargo, dada la sensibilidad y delicadeza de la cuestión en el contexto filipino, también ha mostrado «apertura», en el ejercicio de la circunspección pastoral, hacia los católicos que, sin saberlo y de buena fe, pueden haber buscado ser miembros de asociaciones masónicas con las mejores intenciones».
La misiva recuerda, por otra parte, que en el pasado los obispos filipinos hablaron en nombre de los masones de su país para solicitar a la Santa Sede un cambio en su postura sobre la masonería en el país asiático, dado que no se consideraban anticatólicos, algo que fue rechazado por dos veces. En la segunda ocasión, el cardenal Gerhard Müller, por entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, indicó a los obispos filipinos que no les correspondía a ellos decidir sobre un asunto que la Santa Sede ya se había pronunciado.
Sin embargo, los obispos filipinos parecen dispuestos a no proceder a una condena generalizada de todos los católicos que pertenecen a logias masónicas sino a examinar caso por caso.
La Jerarquía filipina, desde 1954 hasta el presente, siempre ha mantenido y defendido la posición oficial católica (magisterial) sobre la inaceptabilidad de la masonería, dados sus graves errores tanto en la doctrina (principios filosóficos) como en las prácticas. Asimismo, ha procurado aplicar las disposiciones del Derecho Canónico sobre las penas en que incurren los católicos por su adhesión a la masonería. Sin embargo, dada la sensibilidad y delicadeza de la cuestión en el contexto filipino, también ha mostrado «apertura», en el ejercicio de la circunspección pastoral, hacia los católicos que, sin saberlo y de buena fe, pueden haber buscado ser miembros de asociaciones masónicas con las mejores intenciones.
Es cierto que en dos ocasiones, la CBCP actuó en nombre de la Gran Logia de los Masones Libres y Aceptados de Filipinas (FAMP) para solicitar a la Santa Sede que reconsiderara su proscripción de la masonería en Filipinas.
Primero, en 1967, cuando los obispos recibieron de la FAMP una petición para solicitar a la Santa Sede que revocara su proscripción oficial de la masonería (en Filipinas). A raíz de ello, los obispos organizaron en 1968 un diálogo entre expertos católicos y los masones, cuyo resultado instó a los obispos a reconsiderar al menos la postura católica oficial. En ese diálogo, los masones señalaron que en realidad no comulgaban con sus homólogos masónicos de otras partes del mundo que eran manifiestamente anticatólicos, subrayando además que no había nada esencialmente anticatólico en su constitución y que de hecho estaban plenamente comprometidos a cooperar con la Iglesia católica.
Los expertos católicos, por su parte, llegaron a la conclusión de que las logias masónicas de Filipinas se habían establecido más bien con fines fraternales y sociales, y que los masones del país deseaban de hecho una nueva era de cooperación mutua con la Iglesia. Esto convenció a los expertos para proponer que los obispos adoptaran una actitud más favorable hacia los masones y, de paso, que se solicitara a la Santa Sede el levantamiento de la excomunión de los católicos filipinos miembros de la FAMP.
La CBCP accedió y solicitó a la Santa Sede en 1970 que eximiera de la disposición del canon 2335 a los tres primeros grados masónicos de la FAMP [léase: no a todos ni a toda la FAMP]. De hecho, no es que los obispos estuvieran necesariamente de acuerdo con los argumentos presentados, ya que se entendía que la exención solicitada sólo se aplicaría a los católicos que, a juicio de sus Ordinarios Locales, se unieran a la masonería de buena fe [léase de nuevo: de lo contrario, la excomunión permanece]. Evidentemente, esa postura no eliminó de la mente de los obispos las objeciones que se habían formulado contra las creencias, principios y prácticas masónicas.
Aunque no se dirigió directamente a la Jerarquía filipina, la circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) publicada en 1974, sirvió de respuesta. La circular pedía una interpretación estricta del canon 2335 del CIC. No obstante, la misma circular establecía expresamente que la excomunión impuesta por dicho canon sólo se aplica a las personas que son miembros de asociaciones que militan contra la Iglesia. En una nota aclaratoria de ese mismo año, la CDF declaró: «De acuerdo con la circular del 18 de julio de 1974, que recuerda una interpretación estricta del canon 2335, la excomunión se aplica únicamente a las personas que son miembros de asociaciones que militan contra la Iglesia. Sobre la base de este principio debe juzgarse en cada caso particular la posición de los miembros de los diferentes grupos». La declaración claramente no ofrece una exoneración general de todos los masones, sino que los miembros de los diferentes grupos deben ser juzgados en cada caso particular.
El segundo caso en el que la CBCP sucumbió a otra petición de este tipo fue cuando el entonces Presidente de la CBCP, el Arzobispo S. Villegas, intentó obtener un rescripto de la Santa Sede para que los miembros de la FAMP quedaran exentos de las sanciones impuestas por el Canon 1374. No se sabe por qué motivos se justificaba la exención, pero igualmente la respuesta de la CDF, a través del entonces Prefecto de la CDF, Cardenal Gerhard Müller, fue negativa. El Prefecto de la CDF insistió en que la posición oficial de la Iglesia seguía en pie y que no era competencia de la Conferencia Episcopal decidir sobre un asunto sobre el que la Santa Sede ya había emitido un juicio.
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¿Qué decir del canon 1374 del Código de Derecho Canónico de 1982, que sustituyó al canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917? El canon 1374, a diferencia del canon 2335, no menciona a ningún grupo en su condena. Establece: «La persona que se una a una asociación que conspire contra la Iglesia debe ser castigada con una pena justa; quien promueva o asuma un cargo en tal asociación debe ser castigado con un interdicto».
La pregunta es: sin que las asociaciones masónicas sean señaladas por el actual Canon, ¿pueden los católicos y los masones suponer que la prohibición de que los católicos se conviertan en miembros de estas asociaciones se ha relajado con ello? Para responder a esta pregunta, la CDF emitió en 1983 una declaración en la que insistía en que nada había cambiado en la postura de la Iglesia. La CDF aclaró que la omisión simplemente pretendía extender la aplicación de la prohibición de pertenencia a otras asociaciones, cuyos principios -como los de las asociaciones masónicas- se perciben como irreconciliables con la doctrina de la Iglesia.
En otras palabras, la designación genérica (no específica del nombre) utilizada por el canon 1374, a saber, «una asociación que conspira contra la Iglesia», pretendía incluir «todas» las asociaciones de este tipo, y no necesariamente excluir cualquier asociación particular que obviamente se considere que encaja en la descripción. La «no mención» no significa «exclusión». La designación genérica connota más bien «inclusión», mucho más de lo que indica «exclusión».
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Desde el punto de vista pastoral, la ECDF expresó su apertura a la situación de los católicos individuales (caso por caso) y no a la asociación masónica en su conjunto, para determinar si tales católicos merecen un enfoque menos estricto (como por otra parte exige el Derecho Canónico), en particular, si su adhesión a la asociación no equivale necesariamente a una renuncia formal a la fe católica.
JOSE R. ROJAS, D.D.
Presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de la CBCP
