(CNA/InfoCatólica) La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) expresó su preocupación por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua y por el obispo Rolando Álvarez, condenado el 9 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión por la dictadura de Daniel Ortega.
«En unión con el Papa Francisco, quien expresó su tristeza y preocupación el 12 de febrero tras el rezo del Ángelus, la fundación AIN pide a los fieles que no olviden la terrible situación por la que atraviesa Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y solicita oraciones por él y por todos los que sufren en Nicaragua», señala un reciente comunicado de AIN.
Citando un artículo del 14 de febrero en el medio de comunicación Nicaragua Actual, AIN advirtió que el régimen aparentemente está arrestando a sacerdotes que mencionan a Álvarez en sus misas, considerada como «una actividad prohibida».
«Al menos dos sacerdotes fueron detenidos en Madriz y Nueva Segovia por mencionar u orar por el obispo durante sus celebraciones dominicales», señala el comunicado. Ambas localidades pertenecen a la diócesis de Estelí.
Según Nicaragua Actual, los dos fueron liberados horas después con la advertencia de no volver a mencionar al obispo.
«Por todo ello, ante el intento de silenciar las oraciones del pueblo nicaragüense, AIN pide a los benefactores de todo el mundo que redoblen aún más sus oraciones por la Iglesia nicaragüense», exhortó la fundación.
Así, la Iglesia en Nicaragua podrá sentirse «acompañada en el desafío que vive en estos momentos y podrá seguir anunciando el Evangelio y acompañando a su pueblo, especialmente a los más débiles y pobres», dijo AIN.
«La fundación está consternada por las noticias que recibe regularmente de sacerdotes a los que no se les ha permitido regresar al país, de restricciones de visados para religiosos y religiosas, del control y vigilancia de los movimientos de sacerdotes y obispos, escuchas de homilías, así como la prohibición de procesiones y celebraciones religiosas», señala el comunicado.
En agosto de 2022, Regina Lynch, directora de proyectos internacionales de AIN, declaró entonces que ya observaba «un intento de silenciar a la Iglesia en Nicaragua».
Uno de los últimos puntos bajos en la persecución de la Iglesia por parte de la dictadura nicaragüense fue la reciente condena de Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión como «traidor a la patria» declarado culpable de «atentar contra la seguridad y soberanía nacional» y «difundir noticias falsas». El obispo también fue desposeído de su ciudadanía nicaragüense.
Álvarez se negó a ser deportado junto con otros 222 presos políticos, que fueron trasladados en avión a Washington D.C. el 9 de febrero en un acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense. Al parecer, está encerrado en una celda de máxima seguridad de la cárcel nicaragüense conocida como «Modelo».
Entre los deportados había algunos sacerdotes, seminaristas y un laico que había sido condenado a 10 años de prisión.
