(CNA/InfoCatólica) Recientemente, el padre Óscar Benavidez fue declarado culpable de dos delitos en un juicio celebrado el 16 de enero, plagado de irregularidades y que consistió en una sola vista.
Su servicio
Benavidez, de 50 años, es originario de la localidad de San Isidro, en el distrito nicaragüense de Matagalpa.
Fue ordenado sacerdote en 2009 y lleva 13 años sirviendo a la Iglesia.
Poco después de su ordenación, fue nombrado primer párroco de la Parroquia San Juan Vianney, y en 2016 fue nombrado asesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Matagalpa.
Tras ocho años como párroco de San Juan Vianney, Benavidez dejó Nicaragua para estudiar en España. A su regreso, fue nombrado vicario parroquial de Nuestro Señor de Esquipulas.
En 2018, cuando falleció la madre del sacerdote, el obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, fue el celebrante de la misa funeral, y Benavidez concelebró.
Álvarez también ha sido acusado de conspiración. El prelado se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022, y el 10 de enero su caso fue remitido a juicio.
La detención
En mayo de 2022, Benavidez fue enviado en misión a la diócesis de Siuna, donde fue nombrado párroco de la parroquia Espíritu Santo, en la localidad de Mulukukú.
Durante sus misas, el sacerdote denunciaba las injusticias cometidas por la dictadura de Ortega.
Según The Voice of America, tras celebrar misa en la capilla Concepción de María el 14 de agosto de 2022, durante la cual meditó sobre la persecución de los profetas, fue detenido por la policía.
Le sacaron del coche y se lo llevaron sin más explicaciones.
La diócesis de Siuna publicó un comunicado denunciando el secuestro del sacerdote, mientras los fieles rezaban por él y pedían a Dios que «salve a Nicaragua» y proteja a Benavidez y a todos los sacerdotes perseguidos.
Un juicio plagado de irregularidades
Según el medio informativo nicaragüense 100% Noticias, la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Managua, declaró a Benavidez culpable de los delitos de «conspiración para atentar contra la seguridad y soberanía nacional» y «difusión de noticias falsas».
Según la defensa del sacerdote, su «delito» fue supuestamente expresar su opinión en un post en las redes sociales, cuyo contenido aparentemente nunca ha sido publicado por el tribunal.
El medio nicaragüense Mosaico informó que la única audiencia del juicio se realizó en menos de ocho horas.
La fiscalía presentó como testigos a vecinos de Mulukukú, uno de los cuales ni siquiera conocía a Benavidez.
La jueza Aguirre desestimó varias pruebas presentadas por la defensa, entre ellas el testimonio del obispo Álvarez.
Además, en los cargos contra el sacerdote, Álvarez está acusado de ser «cabecilla de acciones ilegales».
La jueza fijó el 24 de enero como fecha para una posible audiencia de sentencia, aunque también dejó abierta la posibilidad de emitir un decreto oficial.
En total son nueve los sacerdotes nicaragüenses a los que la dictadura acusa del delito de «conspiración».
