(Crux/InfoCatólica) La IICSA había publicado anteriormente informes separados sobre diferentes instituciones católicas, incluyendo la Iglesia Católica en su conjunto, la Congregación Benedictina del país y la Archidiócesis de Birmingham.
La IICSA no se limitó a la Iglesia católica y también publicó informes sobre la Iglesia anglicana y las instituciones civiles.
El informe de la IICSA de 2020 sobre la Iglesia católica no hizo ninguna recomendación específica sobre la denuncia obligatoria y el secreto de confesión, diciendo que formaría parte del informe final de la investigación.
En el informe final, los autores recomendaron que una persona debería estar obligada a denunciar «cuando reciba una revelación de abuso sexual infantil por parte de un niño o un perpetrador, o sea testigo de que un niño está siendo abusado sexualmente», y añadieron que «no denunciar en esas circunstancias debería ser un delito penal».
Además, el informe final de la IICSA decía que una ley que exige que una persona «sepa» que un niño ha sido objeto de abusos sexuales implica que el denunciante tendría que estar convencido de la veracidad de la acusación, y explicaba que esto no sería «complicado» si la persona hubiera «escuchado una confesión del autor».
Más adelante en el informe, la investigación abordó específicamente la cuestión del sello de la confesión sacramental.
«Algunos participantes y testigos del núcleo argumentaron que una ley de notificación obligatoria debería prever exenciones para algunos entornos o personal confesional y, en particular, en el contexto de la confesión sacramental. Como ya ha señalado la investigación, el respeto de una serie de religiones o creencias se reconoce como un sello distintivo de una democracia liberal. No obstante, ni la libertad de religión o de creencias ni los derechos de los padres con respecto a la educación de sus hijos pueden justificar nunca los malos tratos a los niños ni impedir que las autoridades gubernamentales adopten las medidas necesarias para proteger a los niños de cualquier daño. Por lo tanto, la investigación considera que la denuncia obligatoria, tal como se establece en este informe, debe ser una obligación absoluta; no debe estar sujeta a excepciones basadas en relaciones de confidencialidad, religiosas o de otro tipo», dice el informe.
No se puede quebrantar el secreto de confesión
Los sacerdotes católicos tienen prohibido por la ley de la Iglesia violar el secreto de confesión bajo pena de excomunión.
Una recomendación similar sobre la obligatoriedad de la denuncia de los abusos sexuales a menores realizada por el Informe Final de la Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, publicado en diciembre de 2017.
En una respuesta a la recomendación publicada en 2020, el Vaticano subrayó que «al confesor le está completamente prohibido utilizar los conocimientos adquiridos en la confesión en detrimento del penitente, incluso cuando se excluye cualquier peligro de revelación».
«Sin embargo, aunque si el sacerdote está obligado a mantener escrupulosamente el sello del confesionario, ciertamente puede, y de hecho en ciertos casos debe, animar a una víctima a buscar ayuda fuera del confesionario o, cuando sea apropiado, denunciar un caso de abuso a las autoridades», dijo el documento del Vaticano.
«Hay que recordar también que el confesionario ofrece una oportunidad -quizá la única- para que quienes han cometido abusos sexuales admitan el hecho. En ese momento se crea la posibilidad de que el confesor aconseje e incluso amoneste al penitente, instándole a la contrición, a la enmienda de vida y a la restauración de la justicia», continúa el Vaticano.
«Sin embargo, si se convirtiera en práctica que los confesores denuncien a los que han confesado abusos sexuales a menores, ningún penitente se acercaría al sacramento y se perdería una preciosa oportunidad de arrepentimiento y reforma», añadió.
En una declaración publicada en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales el 20 de octubre, el Consejo Católico dijo que acogía con satisfacción el informe final de la IICSA, añadiendo que «estudiaría cuidadosamente su contenido y recomendaciones».
El Consejo Católico fue creado por diferentes instituciones católicas en 2015 para apoyar a las organizaciones que conforman la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales en su compromiso con la IICSA y se aseguró de que las pruebas requeridas por la Investigación fueran cotejadas adecuadamente.
