(Asia News/InfoCatólica) La película, dirigida y producida por Vivek Agnihotri, cuenta la historia de un joven indio que descubre que sus padres no murieron en un accidente, como le había explicado su abuelo, sino que fueron asesinados por rebeldes cachemires durante el levantamiento (también llamado intifada).
Cuando estalló una revuelta contra el gobierno indio en 1989, cientos de miles de hindúes, conocidos como «pandits de Cachemira», se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir a la India debido a la violencia de los insurgentes musulmanes. Apoyados por Pakistán, estos se oponían al dominio indio de la región, escenario de violencia y enfrentamientos desde 1947 - año de la separación de Pakistán y la India - hasta la actualidad.
La película ha sido acusada de revisionismo histórico y fue beneficiada con numerosos incentivos por el BJP. No solo se realizó una intensa campaña en las redes sociales que instaba a los ciudadanos a ver la película «si les importaba el futuro», sino que los Estados gobernados por el BJP otorgaron exenciones de impuestos a la película (abaratando la entrada) y ofrecieron permisos en el trabajo a los funcionarios públicos que quisieran ir al cine para ver la película. El 14 de marzo el conocido sitio de reseñas IMDb señaló una «actividad inusual» en la página dedicada a 'Kashmir files', que tenía una puntuación de 9,9. Después de recalibrar el sistema de calificación, la puntuación había bajado a 8.3 por la noche .
La oposición acusó al director Vivek Agnihotri de usar la tragedia de los pandits de Cachemira «de una manera deliberadamente engañosa, en favor de una causa partidista», para alimentar la «presión propagandística» del BJP. En los últimos días han circulado por Internet vídeos (cuya autenticidad aún no ha sido verificada) de personas que vitorean e incitan a la violencia contra los musulmanes durante las proyecciones en varios cines.
En la película, el éxodo de los hindúes se denomina «genocidio», pero el problema se remonta a la disputa por la autonomía de la región. Cuando el Imperio Británico se retiró de los territorios coloniales en el sur de Asia, dejó en manos de los principados la posibilidad de unirse a la India o a Pakistán tomando en cuenta la fe religiosa de la mayoría de la población. Hari Singh, el maharajá de Cachemira, se inclinaba por la India, a pesar de que la región - también conocida como Jammu y Cachemira - estaba habitada principalmente por musulmanes. Inmediatamente comenzaron los enfrentamientos con Pakistán, que consideraba a Cachemira como una extensión natural de su territorio. Aunque se supone que India y Pakistán administran dos porciones distintas de la región (más pobre y casi deshabitada la que gobierna Islamabad y más vital la gestionada por Delhi) a las que se debería otorgar cierto grado de autonomía, los grupos independentistas nunca han dejado de lanzar ataques y acciones violentas contra las fuerzas del orden.
Tras el fracaso de todos los esfuerzos diplomáticos, hacia fines de la década de 1980 comenzaron a surgir movimientos militantes que pedían alternativamente la unión con Pakistán o la autonomía de Cachemira. Con el tiempo, a pesar de la masiva presencia militar india, la zona también se ha convertido en territorio fértil para grupos yihadistas e islamistas radicales. Delhi ha acusado repetidamente a Islamabad de «terrorismo transfronterizo».
En agosto de 2019, Modi revocó el estatus de autonomía especial de Cachemira e intensificó las operaciones militares. Inmediatamente después de la decisión se suspendieron las comunicaciones y se impuso el toque de queda para combatir a los insurgentes. Desde que llegó al poder en 2014 Modi también ha promovido un reequilibrio demográfico, alentando a las familias de los desplazados a trasladarse nuevamante a la región de mayoría musulmana.
Los datos sobre los enfrentamientos son difíciles de reunir y evaluar: algunos grupos de activistas afirman que habría más de cien mil muertos entre 1989 y 2011, cifra que el gobierno indio reduce a cuarenta y un mil para el período de 1990 a 2017. Sólo el año pasado murieron 350 civiles y militares en la zona administrada por la India.
