(InfoCatólica) El plan de Irene Montero es muy claro. Aborto gratuito en la sanidad pública, fin del periodo de reflexión de tres días y supresión de la obligatoriedad del consentimiento paterno en caso de las menores de edad a partir de los 16 años.
La ministra ha indicado que en la actualidad la sanidad pública solo realiza un 15% de los abortos en España, aunque las mujeres pueden abortar gratuitamente gracias a los conciertos económicos establecidos por las comunidades autónomas con las clínicas abortistas. Ocurre que dichas clínicas no tienen la misma presencia ni en los entes autonómicos ni en las provincias (*), lo cual provoca que muchas mujeres que quieren abortar han de viajar para ello. Eso es lo que Montero quiere evitar.
En cuanto a la objeción de conciencia, ha confirmado que se seguirá un sistema parecido al que se ha aprobado para la ley de suicidio asistido y eutanasia. Es decir, se establecerá un registro nacional de objetores al aborto. Tal método recibió la crítica del Comité de Bioética de España. La política de Unidas Podemos ya amenazó a los médicos que no quieren matar a los no nacidos.
Montero también ha asegurado que si una menor de edad de 16 años es libre para mantener relaciones sexuales, lo es para abortar sin que sus padres puedan oponerse. Y por ello piensa acabar con la tibia reforma que el PP aplicó a la Ley Aído, ley sobre la que el Tribunal Constitucional lleva once años sin pronunciarse, que estableció que el aborto era un derecho de la mujer. Los populares hicieron que fuera necesario el consentimiento paterno en todas las menores de edad.
La ministra de Igualdad quiere eliminar el periodo de tres días de reflexión antes de abortar a menos que la mujer lo pida, de tal manera que aquellas que quieren deshacerse de sus hijos no nacidos podrán ser derivadas de urgencia a un centro hospitalario donde se procederá a quitar la vida del feto o embrión.
Educación sexual desde la más tierna infancia
El ámbito educativo también se verá afectado por la futura ley abortista. Doña Irene ha anunciado que garantizará «la educación sexual para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos» en todos los niveles educativos e impulsará el acceso a la anticoncepción, también por parte de los hombres.
Se mantienen las 14 semanas de gestación para el aborto libre. El proyecto de reforma de la ley debe pasar todavía por el Consejo de Ministros antes de ser enviado a las Cortes.
(*) Cuatro autonomías (Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia) no comunicaron ningún aborto en un centro público en 2020; y hasta doce provincias, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no notificaron ningún aborto en los últimos cinco años.
