(Life News/InfoCatólica) «Es hora de que las autoridades deroguen las disposiciones que penalizan el aborto, desarrollen una regulación integral del acceso de las mujeres al aborto legal y seguro y mejoren la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva», escribió Mijatovic al gobierno de Malta.
La comisaria de «Derechos Humanos» comparó la protección legal de Malta hacia los bebés no nacidos con la tortura y afirmó que sus leyes provida niegan a las mujeres los derechos humanos básicos.
Dunja Mijatovic también abogó por restringir el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales del sector sanitario que se niegan a matar a los bebés no nacidos. Según The Independent, su informe pedía «salvaguardar el acceso a la asistencia sanitaria ante la negativa a prestarla por motivos de conciencia».
El gobierno maltés rechazó rápidamente las recomendaciones de Mijatovic. En respuesta a su informe, los dirigentes del país han asegurado que apoyan los «servicios de salud sexual y reproductiva», pero que rechazan la idea de que estos servicios incluyan un «derecho intrínseco» a abortar a un bebé no nacido, según Malta Today.
Afirman además que las leyes provida de Malta no ponen en peligro la vida de las mujeres: «Si la vida de la madre está en peligro, se hace todo lo posible por salvar ambas vidas, y se aplica el principio del doble efecto (como en el caso del embarazo ectópico)». Según el informe de la propia comisaria: «... en su respuesta a las observaciones del comisario, el gobierno señaló que en los últimos diez años no se han registrado muertes maternas ni complicaciones tras abortos naturales o ilegales».
Los dirigentes malteses también hicieron hincapié en que cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa tiene competencia para incluir o no el aborto dentro de sus servicios de salud sexual y reproductiva:
«Aunque Malta está plenamente comprometida con el acceso a la atención sanitaria reproductiva, y está trabajando para mejorar estos servicios [...] Malta no está de acuerdo con la interpretación de que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva incluye un derecho intrínseco al aborto», respondió el gobierno. «Sigue siendo competencia de los Estados miembros decidir si el aborto debe formar parte de una serie de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, de acuerdo con el Programa de Acción de la CIPD».
Malta se ha resistido durante años a la presión internacional para legalizar el aborto. En 2013, los grupos proabortistas también acusaron a Malta de «tortura» y de poner en peligro innecesariamente la vida de las mujeres porque sus leyes protegen la vida de los bebés no nacidos. La acusación vino de la Comisión Internacional de Juristas, una organización de derechos humanos, en un informe al Consejo de Derechos Humanos.
Hasta hace poco, varios países europeos protegían a los bebés no nacidos prohibiendo el aborto. Sin embargo, Irlanda abandonó sus leyes provida en 2018 e Irlanda del Norte se vio obligada a legalizar el aborto en 2019 por el Parlamento británico.
En Polonia el aborto es ilegal en casi todos los supuestos, pero Malta es el único país europeo que lo prohíbe totalmente.
