(CNA/InfoCatólica) La ley, que entró en vigor el 1 de septiembre, restringe la mayoría de los abortos después de la detección del latido del corazón del feto, lo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas de gestación. En una decisión de 5 a 4 emitida el 1 de septiembre, el tribunal se negó a bloquear la entrada en vigor de la ley, pero la semana pasada decidió considerar las dos impugnaciones a la ley de forma acelerada.
Los dos casos que se vieron el lunes -Whole Woman's Health contra Jackson, y Estados Unidos contra Texas- se centran en la novedosa forma en que la ley está diseñada para ser aplicada: a través de demandas civiles privadas, en lugar de por funcionarios estatales.
Los argumentos orales en estos casos tuvieron lugar exactamente un mes antes de que el tribunal vea el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, un caso que podría ser un hito en Mississippi y que supone un desafío directo a la decisión Roe v. Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país.
En contraste con las amplias implicaciones de Dobbs, las impugnaciones de Texas giran principalmente en torno a cuestiones de procedimiento.
En el caso de Whole Woman's Health, los proveedores de abortos quieren que el tribunal emita una orden judicial que impida a los secretarios y jueces del estado actuar en los casos civiles presentados contra los presuntos infractores de la prohibición estatal.
En el otro caso, el gobierno de Biden pide que se le permita seguir adelante con una demanda federal contra Texas que pretende anular la ley, conocida como «S.B. 8» [por Senate Bill 8] y la Texas Heartbeat Act.
El presidente Joe Biden calificó la ley de «asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer» y prometió un esfuerzo de «todo el gobierno» para mantener el aborto en Texas.
Biden ordenó a las agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, que revisaran qué medidas podrían tomarse «para garantizar que las mujeres de Texas tengan acceso a abortos seguros y legales, tal y como protege Roe».
No se sabe con qué rapidez decidirá el tribunal sobre ninguno de las dos demandas. Los litigios en ambos casos todavía tendrían que llevarse a cabo en tribunales inferiores.
Aunque la Undécima Enmienda otorga a los estados inmunidad soberana frente a las demandas federales, una decisión de 1908 estableció una exención (conocida como Ex parte Young) para los casos en los que los funcionarios estatales aplican una ley estatal inconstitucional. Gran parte del debate del lunes se centró en si Ex parte Young se aplica a esta ley de Texas.
«El efecto combinado es transformar los tribunales estatales de un foro para la protección de los derechos en un mecanismo para anularlos», dijo a los jueces Marc A. Hearron, el abogado de los proveedores de aborto.
«La ley 8 es una prohibición del aborto, pero las cuestiones que tiene ante sí este tribunal son mucho más amplias», dijo. «Permitir que el esquema de Texas se mantenga proporcionaría una hoja de ruta para que otros estados deroguen cualquier decisión de este tribunal con la que no estén de acuerdo».
La ley de Texas permite conceder indemnizaciones de al menos 10.000 dólares en caso de que prosperen las demandas contra quienes realicen o «ayuden» a realizar abortos ilegales. Las mujeres que deseen abortar no pueden ser demandadas en virtud de la ley. Los acusados pueden ser demandados por múltiples partes por la misma presunta violación de la ley.
Judd Stone II, el Procurador General de Texas, sostuvo que el tribunal no tiene motivos para prohibir a los secretarios y jueces del estado que registren y atiendan las demandas civiles relacionadas con la ley porque sus acciones no constituyen la aplicación de la ley.
Sin embargo, varios jueces se preguntaron si los demandantes privados no estaban actuando, en efecto, como agentes del Estado. «¿Por qué no se podría considerar a estos particulares como procuradores generales privados?» preguntó el juez Clarence Thomas. Stone insistió en que el Estado no tenía ninguna relación ni control sobre los demandantes privados.
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, interrogó a Stone sobre las indemnizaciones de la ley para los demandantes que ganan. Roberts quería saber: ¿Qué pasaría si la indemnización fuera de un millón de dólares, en lugar de 10.000? ¿No tendría eso un efecto disuasorio importante en los posibles demandados?
Stone reconoció que es probable que así sea, pero dijo que, en ese caso, el tribunal aún no tendría motivos para dictar una medida cautelar, como solicitan los impugnadores de la ley. Se necesitaría una ley del Congreso, dijo Stone, para dar al poder judicial federal una mayor jurisdicción sobre estos casos.
«No se trata de que los tribunales federales sean más abiertos», respondió Roberts. «Es una cuestión de que cualquiera tenga la capacidad o la posibilidad de acudir a los tribunales federales, porque nadie va a arriesgarse a violar el estatuto, porque será objeto de una demanda por un millón de dólares».
Más tarde, la jueza Elena Kagan rebatió el argumento de Stone de que el Congreso tendría que proporcionar la autoridad para intervenir en esos casos.
«Quiero decir, ¿no se trata de un derecho que no tienes que pedir al Congreso?» preguntó Kagan. «¿No se trata de un derecho que no importa realmente lo que el Congreso piensa, o lo que la mayoría del pueblo estadounidense piensa, en cuanto a ese derecho?»
Los jueces también cuestionaron a Jonathan Mitchell, el ex procurador general de Texas acreditado como el principal arquitecto de la ley del estado.
«Si el Estado está designando, ya sea a los ciudadanos de a pie o al fiscal general o... a los fiscales de distrito, si está designando a esas personas para que actúen en su nombre, ¿por qué esas personas no están obligadas a cumplir cualquier sentencia que diga: 'Estado, lo que estás haciendo es inconstitucional'?» preguntó la jueza Sonia Sotomayor a Mitchell.
«Cada uno de ellos está actuando bajo las directrices de la ley estatal», dijo Sotomayor. «Entonces, ¿por qué no están actuando como el Estado cuando actúan?».
Mitchell argumentó que el Estado no controla a estos particulares. «El Estado ha aprobado una ley que les da la opción de demandar, y luego se ha lavado las manos», dijo. «Así que no hay una participación conjunta con el Estado en su decisión».
El 1 de septiembre, los jueces Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett votaron para no bloquear la entrada en vigor de la ley de Texas. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, y los jueces Sotomayor, Kagan y Stephen G. Breyer disintieron.
