(El País/InfoCatolica) El retraso ha sido denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por exdiputados del PP, que firmaron en 2010 el recurso contra la llamada Ley Aido o ley de plazos –vigente en la actualidad–. Esta modificación de la legislación abortista española permitió abortar sin alegar razón alguna dentro de las primeras 14 semanas de gestación, e incluso cambió la consideración del aborto: pasó de ser un delito despenalizado en varios supuestos, aunque de hecho practicamente legalizado, a ser un derecho de la mujer.
La Asociación de Abogados Cristianos también presentó en el Supremo una querella por «retardo malicioso» contra el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP y encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia en el Tribunal Constitucional. Esta querella y la demanda ante el Tribunal Europeo han provocado que el Constitucional estudie ahora reactivar la tramitación del recurso para dictar una sentencia.
Según El País, el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, considera que no hay base para que prosperen esas acciones legales contra el Constitucional y contra Ollero, pero también estima que ha llegado el momento de atender a la reclamación para que el pleno del Constitucional aborde el recurso que el PP presentó en 2010.
Consultado por El País, el magistrado Andrés Ollero –católico practicante que denunció que la ley anterior había establecido de facto el aborto libre en España– explica que tiene «preparados los trabajos necesarios» para llevar la ponencia al pleno en cuanto así lo disponga González Rivas. Ollero añade que, en todo caso, no ha recibido indicación ni comentario alguno para agilizar la presentación de la ponencia, ni del presidente ni de ninguno de los miembros del tribunal.
El criterio dominante entre los magistrados del Constitucional consultados es, no obstante, que no se debe esperar mucho más y que resulta necesario poner fin al largo período de espera sobre el recurso del PP.
Aunque no han ocultado su convencimiento de que se trata de un asunto extraordinariamente delicado, sobre el que pueden existir serias dificultades para alcanzar una sentencia consensuada, coinciden en que es obligación del tribunal asumir su responsabilidad y afrontar debates de esta naturaleza.
El plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al Tribunal Constitucional es de 133 días. El recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 lleva más de 4.000 días sin resolverse, lo cual, evidentemente, supone un notable escándalo.
El Partido Popular recurre leyes que luego no cambia
Precisamente fue el anuncio del PP de que cambiaría la ley cuando estuviera en el gobierno lo que, según el actual presidente del TC, retrasó la sentencia. Pero el PP, como hace siempre con todas las leyes de ingeniería social aprobadas por la izquierda, mantuvo la Ley Aído sin otro cambio que el de requerir la autorización de los padres para que aborten las menores de 16 años. Y el Constitucional no dictó sentencia.
Igual ocurrió con la ley del matrimonio homosexual y con la ley de memoria histórica. Y probablemente ocurrirá, a menos que Vox presione en sentido contrario, con la nueva ley de eutanasia, tal como el resto de partidos señalaron durante el debate parlamentario sobre dicha ley.
Mandato caducado
Desde octubre del año pasado, cuatro magistrados de los doce que componen el Tribunal Constitucional tienen el mandato caducado, pero la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar tanto el TC como el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos institucionales, ha retrasado su sustitución por otros magistrados.
Precisamente Andres Ollero es uno de los magistrados que ya debería haber sido sustituido. Los otros tres son el presidente Juan José González, la vicepresidenta, Encarnación Roca y el magistrado Fernando Valdés.
Mientras se produce su relevo, siguen siendo miembros de pleno derecho del tribunal.
