(Agencias/InfoCatólica) Tras la sentencia, los únicos supuestos legales permitidos para praticar un aborto en Polonia se reducen a violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada hace tres años por un grupo de parlamentarios de Ley y Justicia (PiS), el partido conservador que encabeza una coalición en Polonia con mayoría absoluta.
Los diputados alegaron que el aborto por malformación del feto es una forma de eugenesia que no respeta la dignidad humana y, por lo tanto, no podía tener cabida en la Constitución. El tribunal les ha dado la razón.
Se de la circunstancia de que el fallo judicial se ha dado a conocer el día en que la Iglesia celebra la fiesta por San Juan Pablo II, papa polaco.
El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Mons. Stanislaw Gadecki, se ha congratulado de la sentencia:
«Con esta decisión, se halló que el concepto de que 'la vida no vale la pena ser vivida' está en aguda contradicción con el principio de un estado democrático regido por la ley. La vida de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural es de igual valor para Dios y debe ser igualmente protegida por el Estado»
Como ya se ha indicado, el aborto seguirá siendo legal en Polonia cuando el embarazo representa una amenaza para la vida o la salud de la madre y cuando el embarazo se debió a un acto ilegal, como violación o incesto. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 se practicaron en Polonia (con casi 38 millones de personas) apenas 1.110 abortos legales. De ellos, 1.074 (el 96 %) se llevaron a cabo por malformación del feto, que es lo que acaba de ser prohibido.
Reacciones del episcopado
El presidente del episcopado polaco arzobispo Stanislaw Gadecki Por su decisión, el Tribunal Constitucional afirmó que la idea de que “la vida no vale la pena” está en flagrante contradicción con el principio de un estado democrático gobernado por la Ley. La vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, tiene el mismo valor ante Dios y debe ser protegida igualmente por el Estado. El presidente del episcopado se refirió a las palabras de Juan Pablo II, quien enseñó que “la actitud hacia los débiles es una medida de la democracia y de la bondad de una sociedad”. Destacó que ningún hombre de buena conciencia puede negar a nadie el derecho a la vida, especialmente a causa de su enfermedad.
