(LD) El proyecto de la Ley Celaá combate la libertad de elección de centro por parte de los padres. Por si fuera poco, se está estudiando, y ya ha trascendido, gravar la educación concertada y privada con el 21% de IVA.
Se ha conocido este lunes que en un borrador de la orden con la que la Consejería de Educación quiere regular los conciertos educativos para el próximo curso no aparecen los topes a que tales conciertos fueron sometidos por el anterior gobierno socialista de Susana Díaz. Por tanto, la Junta abre la puerta a concertar también enseñanzas posteriores o diferentes al ciclo de la ESO como la formación profesional, el Bachillerato y la Educación Especial.
En la antigua normativa, como destacan El Mundo y ABC, un centro determinado no podía incrementar el número de las unidades concertadas lo que, en la práctica, hacía desistir de la concertación en otras áreas como la Educación Secundaria Obligatoria o la Formación Profesional.
En la nueva orden se exponen los criterios según los cuales pueden suscribirse «nuevas unidades de concierto en Educación Especial, Formación Profesional y Bachillerato». Naturalmente, las reacciones de patronal y sindicatos han sido dispares. Mientras la Confederación Española de Centros de Enseñanza valora la intención de la Junta como algo positivo, el sindicato USTEA, relevante en el sector educativo andaluz, lo considera un paso privatizador más de la enseñanza pública.
Este próximo curso toca renovar los conciertos educativos en Educación Infantil, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Infantil. En el borrador de la orden se dice que la renovación del concierto educativo podrá concederse «para un número de unidades inferior, igual o superior al que el centro tuviese concertado en el curso 2020/21».
Esto es, los límites de la educación concertada ya no serán políticos, sino que serán económicos. Su extensión y ámbitos dependerán del dinero que la Junta pueda destinarles en los presupuestos.
Extender la enseñanza concertada y la defensa de la Educación Especial fueron un compromiso de PP y Cs y, en general, el objetivo es compartido por Vox. Por una parte, se pretende cumplir con la libertad de las familias para elegir la educación de los hijos y por otra, reducir el abandono escolar mediante una Formación Profesional cuya demanda supera la oferta de la educación pública.
Más de 400 millones para la Educación Especial
Más dinero que nunca y la mayor inversión en Educación Especial de la historia. La Junta de Andalucía y las entidades relacionadas con la Educación Especial han renovado su compromiso con la firma de un convenio para aunar esfuerzos en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La Consejería de Educación y Deporte, Down Andalucía, Autismo-Andalucía, Asperger- Andalucía y la Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención TDAH (FAHYDA) firmaron este lunes la renovación del convenio para favorecer la atención educativa de este alumnado.
El convenio está destinado a los estudiantes con síndrome de Down, con Autismo, síndrome de Asperger y con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía y al profesorado, personal de servicios y orientadores que los atienden, así como a las propias familias.
El consejero Javier Imbroda ha destacado que este nuevo curso estará marcado por la mejora de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, unos 67.000. Este alumnado será atendido por más de 6.600 docentes y 2.600 profesionales de apoyo a los que este curso se sumarán 152 Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) y contará con casi 140 nuevas unidades públicas, 240 en dos años.
Se inaugura, además, un plan de infraestructuras educativas para los centros de Educación Especial, compensatoria y difícil desempeño con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales. Dentro de este programa se incluyen 7 intervenciones para 2020 por valor de unos 7,4 millones de euros.
La Consejería recuerda que más del 90% de la población escolar andaluza con necesidades específicas de apoyo educativo está escolarizada en centros ordinarios, por encima de la media nacional, siendo el porcentaje restante atendido en los 58 centros educativos de los que dispone la Red de Centros Específicos de Educación Especial sostenido con fondos públicos.
Para mejorar la atención y la respuesta educativa a este alumnado se cuenta con la labor y la profesionalidad de más de 9.200 especialistas (orientadores, monitores, maestros/as de pedagogía terapéutica, maestros/as de audición y lenguaje).
