(Javier López/Abc/infoCatólica) La Junta de Andalucía prosigue su labor de zapa contra la Iglesia católica en el ámbito educativo. A la continua batalla contra los colegios concertados hay que sumar ahora la aprobación del decreto que retira a la jerarquía eclesiástica la potestad de elegir el destino de los sacerdotes y seglares que imparten clases de Religión en la Educación Secundaria.
El desbroce del lenguaje burocrático facilita el entendimiento de la orden. En cristiano, lo que la Administración autonómica dice es que los obispos no tendrán a partir del próximo curso potestad para encajar a los sacerdotes en los centros que consideren, decisión que adoptará por ellos la Junta de Andalucía. La modificación genera dos problemas enlazados a los obispados andaluces: uno de movilidad y otro económico.
Hasta ahora cuando un prelado ordenaba cambios en las parroquías procuraba que la plaza de profesor que dejaba vacante el sacerdote sustituido fuera ocupada por su sustituto. Ahora no será así, de modo que, si la Junta de Andalucía no otorga al nuevo sacerdote la plaza, tendrá que hacerse cargo el Obispado de su retribución.
La Junta acepta tener en cuenta las peticiones del personal participante para cubrir los puestos vacantes y sustituciones, aunque siempre a partir del orden en que figura en la correspondiente lista provincial.
La Consejería de Educación esgrime que el objetivo de la ordenanza que regula la relación laboral a partir del curso 2009/2010 es establecer para el profesorado que imparte la enseñanza de la Religión católica unas bases similares a las del resto de personal docente, pero una fuente eclesial consultada considera que la iniciativa tiene como finalidad socavar las competencias de la Iglesia.
