(Crux/InfoCatólica) Los obispos sostienen que la medida está impulsada por un sesgo anticatólico y que, de hecho, erosionaría la libertad religiosa de la que se disfruta actualmente en todo el país.
Según el último censo, más del 70 por ciento de la población de cinco millones se describe como cristiana, y los católicos representan poco más del 50 por ciento de la población total del país.
Sin embargo, María Vita Monge, diputada del Partido de la Unidad Social Cristiana, presentó la propuesta de desestabilizar la Iglesia, citando el hecho de que es el único país de la región con una religión estatal: De hecho, los únicos otros estados oficialmente católicos son Liechtenstein, Malta, Mónaco y la Ciudad del Vaticano.
La Conferencia Episcopal ha publicado un documento en respuesta ofreciendo una defensa del actual estatus constitucional.
«Los diputados que proponen la reforma constitucional al texto del artículo 75 y del artículo 194 de nuestra Carta Magna asumen acríticamente un texto de un sector que bajo el disfraz de un 'laicismo benévolo' busca una 'neutralidad del Estado en materia religiosa'», escriben los obispos. Esto, sin embargo, «no viene a proporcionar ningún beneficio o protección añadida a la libertad religiosa de los habitantes de la República».
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Notamos también que han olvidado el desarrollo histórico sociológico del tema en la génesis y realidad actual de Costa Rica como Nación que nace al amparo de la fe cristiana y específicamente en la fe católica desde concepción como entidad nacional bajo los valores que están consignados en el preámbulo de nuestra Constitución Política y en su texto, mucho menos se refleja en el texto propuesto la evolución del tema de la Libertad religiosa en nuestra jurisprudencia constitucional, tampoco refleja el texto propuesto la jurisprudencia más actualizada en materia de Derechos Humanos en Derecho constitucional comparado».
Los obispos también afirman que «esta iniciativa está protegida por una justificación que resume los prejuicios marcadamente anticatólicos» que sólo son apoyados por una minoría de la población..
Los obispos prelados que la nueva propuesta para la constitución «no refleja un desarrollo correcto de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental y de importancia fundamental no sólo en la correcta concepción de un estado democrático, sino también especialmente necesario en el desarrollo de la persona humana; asume una visión individualista y sesgada del fenómeno religioso».
A pesar de que el catolicismo es la religión oficial, la población de Costa Rica es libre de elegir su afiliación o no afiliación religiosa. Un cuarto de la población es protestante, y casi el 20 por ciento dice ser ateo o agnóstico.
Aunque la Iglesia Católica es la única confesión religiosa oficialmente exenta de impuestos, la mayoría de las otras congregaciones están registradas como asociaciones culturales. En Costa Rica se prohíbe a los miembros del clero ocupar determinados cargos públicos, pero esto sólo se aplica al clero católico, ya que es la religión oficial.
En la declaración, los obispos señalaron las razones históricas y sociológicas del desarrollo de la constitución de Costa Rica, llamándola «una nación que nació bajo la protección de la fe cristiana y específicamente de la fe católica».
Los obispos también sostienen que no pueden apoyar el proyecto de ley, no porque estén en principio en contra de la idea de un estado laico, sino porque la propuesta no proviene de «un tratamiento positivo del fenómeno religioso en la sociedad, y no conduce a un tratamiento y desarrollo saludable de la libertad religiosa».
«Más bien, se rinde ante posiciones que señalan, si no un prejuicio, una concepción individualista y reduccionista de la libertad religiosa y de la realidad religiosa, como un acto plenamente humano», dijeron.
La diputada Monge dice que los cambios constitucionales propuestos buscan la seguridad jurídica de la pluralidad de religiones en Costa Rica, reconociendo al mismo tiempo el derecho humano a la libertad de pensamiento y de conciencia. El año pasado, solicitó una reunión con el Papa Francisco a través del representante del Vaticano en el país para discutir la «necesidad de un Estado laico en Costa Rica».
«La solicitud se hizo después de que Su Santidad, como líder de la Iglesia Católica en el mundo, reiteró en varias ocasiones la necesidad de que los países sean laicos», argumentó en una declaración publicada el fin de semana.
«Es fundamental que, al discutir un tema tan delicado, establezcamos un diálogo con el Secretario de Estado del Vaticano y el Santo Padre», añadió. Monge propuso el proyecto de ley por primera vez en mayo de 2019, pero el debate está subiendo ahora de tono.
«Si el Santo Padre está de acuerdo [con un Estado laico], no veo la razón por la que la Iglesia Católica de Costa Rica se oponga a que seamos un Estado laico», dijo.
Carmen Chan, líder acutal del Partido Nueva República, dijo que «se opone totalmente» a los cambios propuestos.
«Tenemos claro que al PAC y sus aliados les molesta que la Iglesia Católica o cualquier otra religión levante su voz para defender sus preceptos y valores religiosos», dijo Chan recientemente. «Me llama la atención que algunos activistas que han expresado públicamente que la Iglesia no debe opinar sobre temas de interés nacional son los mismos activistas que hoy en día apoyan o promueven un estado laico, con características que pondrán en peligro la libertad religiosa en nuestro país».
Sobre el debate que tiene lugar en Costa Rica, ver el siguiente vídeo:
