(Catholic Herald/InfoCatólica) La Corte Suprema de los EE. UU. está actualmente fallando sobre una nueva ley de California que requiere que los centros de crisis de embarazo brinden a los clientes información sobre abortos financiados por el estado. Si se respeta la ley, los críticos dicen que podría sentar un precedente peligroso: el activismo pro-aborto financiado por el estado.
Los centros de crisis de embarazo ofrecen una amplia gama de apoyo a las madres embarazadas que de otra manera podrían interrumpir su embarazo.
En 2015, el estado aprobó la Ley de Libertad Reproductiva, Responsabilidad, Cuidado Integral y Transparencia (Ley FACT), ordenando que los centros con licencia exhiban panfletos y letreros con el siguiente mensaje: «California tiene programas públicos que brindan acceso inmediato o de bajo costo a servicios integrales de planificación familiar (incluidos todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA), atención prenatal y aborto para mujeres elegibles».
Sin embargo, los centros sin licencia deben notificar a los clientes que su centro «no cuenta con licencia como centro médico por parte del estado de California y no tiene un proveedor médico autorizado que brinde o supervise directamente la prestación de servicios».
Resistencia de sectores provida
La ley se encontró con la fiera resistencia de los activistas provida, que dicen que Medi-Cal, el proveedor de seguros de salud pública del estado, ya gasta decenas de millones de dólares en impuestos por abortos cada año. La Ley FACT, argumentan los oponentes, permite efectivamente al gobierno promover el aborto y financiarlo.
El Instituto Nacional de Defensores de la Vida y la Familia demandó al Estado de California (representado por el Fiscal General Xavier Becerra) en los argumentos de la Primera Enmienda: libertad de expresión y libertad de religión. La Corte Suprema ahora está considerando el caso del Instituto Nacional de Familia y Defensores de la Vida versus Becerra.
Michael Ferris, abogado general de Alliance Defending Freedom, argumentó en contra de la Ley FACT ante la Corte. Posteriormente, publicó una declaración en el sitio web de la ADF diciendo:
«Incluso si no eres pro-vida, ¿quieres que el gobierno establezca sus propios anuncios publicitarios para organizaciones sin fines de lucro y luego castigue a quienes no estén de acuerdo? La Primera Enmienda no le permite al gobierno obligar a expresar su mensaje. Eso es especialmente cierto cuando se trata de una misión religiosa que simplemente proporciona recursos y apoyo a mujeres sin costo».
El cardenal Timothy Dolan, presidente del comité pro vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos también emitió un comunicado de prensa:
«Los centros de atención pro-vida encarnan todo lo que es correcto y bueno en nuestra nación: generosidad, compasión y amor que se ofrece para apoyar a la madre y al niño. Pero en lugar de aplaudir y alentar el trabajo desinteresado y que afirma la vida de estos centros, algunos gobiernos quieren obligarlos a proporcionar publicidad gratuita para el acto violento de aborto en violación directa de sus convicciones pro vida y de la Primera Enmienda. La Corte Suprema de los Estados Unidos no puede permitir que esto suceda. Oramos para que la Corte haga lo correcto y defienda nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión cuando decida este caso».
Después de escuchar los argumentos orales del 20 de marzo, SCOTUSBlog (que no está afiliado a la Corte) concluyó que la mayoría de los jueces, incluidos Elena Kagan, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Anthony Kennedy, eran escépticos de la constitucionalidad de las leyes. Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, mientras tanto, parecían más comprensivos con el caso de California.
