(ReL/InfoCatólica) Las medida que está implantando el gobierno regional de Valencia en contra de la educación concertada afectará al próximo curso a 31 unidades de Bachillerato en 25 colegios, 6.770 familias, 8.125 alumnos y 124 profesores. Y a juicio de los organizadores, y conociendo la ideología sectaria del gobierno de la comunidad, «es el principio para exterminar a la concertada». La plataforma valenciana en defensa de la educación concertada advierte de que la situación «es mucho más grave de lo que a primera vista puede parecer, pues la mayoría de los centros que se ha salvado de la tala, solo tiene garantizado el concierto para el próximo curso 2017-2018». Por lo que se esperan más cierres. Un gobierno regional, además, que se niega a dialogar con los afectados: desde hace un año y medio el consejero Marzà no les atiende, y el presidente Puig lleva un año sin recibir a la Mesa por la Educación en Libertad.
«Estamos aquí para seguir defendiendo, contra viento y marea, como cualquier imposición, la libertad de enseñanza». Una «marea blanca» de más de 40.000 personas -según la organización- recorrió ayer el centro de Valencia para pedir al conseller Vicent Marzà que se replantee la eliminación de 31 unidades de primero de Bachillerato para el próximo curso, además de su dimisión, explica la periodista Miriam Bouiali en el diario Levante.
La manifestación más multitudinaria contra el gobierno
Madres, padres, alumnos y profesores de la comunidad educativa de la escuela concertada de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana se dio cita este sábado 6 de mayo en el Parterre de Valencia, desde donde a las 18 horas salía la marcha. Fue tan multitudinaria -la mayor hasta ahora contra el Gobierno- que a las 19 horas centenares de manifestantes aún no habían empezado a moverse.
Javier Sebastián, portavoz de la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1 y orientador en un colegio concertado, aseguró que la política del Gobierno regional «quiere acabar con la enseñanza concertada» y lo está haciendo «de una manera muy sibilina». «Este año son 31 aulas, el año que viene no lo sabemos», apuntó, a lo que añadió que «no puede ser que la prensa se entere antes que los centros» de que se van a suprimir conciertos.
«Es un ataque a un modelo educativo que tiene los mismos derechos que la enseñanza pública. En ningún caso estamos en contra de la enseñanza pública, estamos a favor de una enseñanza de calidad, tanto pública como concertada», aclaraba el profesor.
En este sentido, Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), recordaba que tanto la educación concertada como la pública «la pagamos con los impuestos de todos y lo reconoce la Constitución». Por ello, muchos manifestantes entendían que la Administración «intenta recortar» su libertad de elección.
A Morro le sorprendía la gran afluencia de manifestantes a una cita que la plataforma, Fcapa, Unión Sindical Obrera y FSIE (sindicato mayoritario de la enseñanza concertada) habían convocado solo una semana antes: «señal de que la gente está indignada con estas medidas arbitrarias». Además, desde Fcapa consideran que los argumentos de consejería son «excusas». «Han recortado aulas con centros con la ratio a tope y mucha demanda social», aseguraba y afirmó que los conciertos en Bachillerato que solo existen en la comunidad Valenciana hacen que «seamos unos adelantados y otras comunidades nos copien».
«Ni ideología de género ni lengua»
Las familias se mostraban muy disgustadas. «Le pediría a Marzà que rectificase y tenga en cuenta que los que vamos a colegios concertados no somos ricos, de hecho tenemos problemas», apuntaba el padre de una joven que el curso que viene empezará Bachillerato. «Lo está pasando mal, no podemos asumir el coste de un colegio privado», reconocía.
Una madre que participaba en la marcha recalcaba que el «ataque» era contra sus hijos: «yo ya he tenido mi educación. Elegí colegio concertado porque los públicos que hay en mi zona no están bien cuidados y no educan en valores. Además, vivo al lado», apuntaba.
Otras decisiones de la actual Consejería de Educación también se criticaban en la manifestación. «Están en contra de la concertada porque tiene una ideología diferente a lo que ellos quieren inculcar, como el catalán y una sexualidad equivocada», afirmaba un abuelo de varios alumnos; y en algunas pancartas se podía leer «Ni ideología de género, ni lengua ni suspensión de conciertos» o «no al decretazo», en referencia al plan del plurilingüismo.
Los centros ahora están en periodos de alegaciones y algunos «están dispuestos a seguir por la vía judicial». Asimismo, Fcapa espera ser atendida por el Consell. «Llevamos año y medio esperando que el señor Marzà encuentre un hueco y el presidente Puig lleva un año sin recibir a la Mesa por la Educación en Libertad». Si no, adelantan que seguirán con las movilizaciones.
Además de la sociedad civil, en la marcha también pudo verse a líderes y cargos del Partido Popular y de Ciudadanos, como Isabel Bonig, Toni Cantó y Fernando Giner.
