En una declaración firmada por los obispos y los jefes de las comunidades cristianas locales – incluido el arzobispo Jacquies Behnan Hindo, pastor de la archidiócesis siro católica de Hassaké-Nisibi - pero también por los movimientos y organizaciones que trabajan en la sociedad civil - tales como corporaciones rurales de campesinos y la organización juvenil de la reconciliación nacional - se denuncia como «contrario a los derechos humanos», el derecho autoproclamado de las autoridades locales para confiscar y administrar los bienes y propiedades de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y emigrar debido al actual conflicto en Siria».
Según los firmantes de la denuncia, dicha disposición constituye una amenaza para la presencia de los cristianos en la región, a los que en las zonas rurales pertenecen más del 30 por ciento de las tierras y los bienes. La decisión de crear órganos de control y gestión de los bienes pertenecientes a personas que han abandonado temporalmente la zona es, en opinión de los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas, una medida de intimidación para los que se han visto obligados a abandonar su hogar - y que después de someterse a la expropiación forzosa de sus bienes ven peligrar realmente su derecho a retornar – al igual que a los que se quedan, se les induce a pensar que es mejor vender su propiedad antes de que se la expropien en el caso de una ausencia temporal.
Con esta decisión – se lee en el comunicado - se avivan las llamas del conflicto confesional. En el mismo comunicado, enviado a la Agencia Fides, los líderes cristianos de la región hablan contra el aumento arbitrario de los impuestos y de los intentos de injerencia de las autoridades locales sobre el funcionamiento y los programas de las escuelas privadas, comenzando por las relacionadas con las diversas comunidades cristianas.
