(PpE/InfoCatólica) Una legislación semejante ya ha sido aprobada en la comunidad gallega; otra similar ha sido rechazada en la Comunidad de Madrid. En Andalucía ya existía la ley para la promoción de la igualdad de género (2007) y acaba de aprobarse (febrero de 2014) la Ley integral de no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Según señala Profesionales por la Ética, resulta llamativo que estas normas, aprobadas o promovidas tanto por el PSOE y otros partidos de izquierda como el PP (que tiene mayoría absoluta en Galicia) incluyan un capitulo educativo importante. Así, en la norma catalana se incluye expresamente que en el ámbito de la educación se regulan cuestiones como el conocimiento de la «diversidad afectivo sexual», tanto en el currriculum escolar como en los recursos para la formación de alumnos, de padres y de madres.
En Galicia, por su parte, se establece que «la consejería competente en materia de educación incorporará la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia; se establece igualmente que se visibilizarán en la educación los diferentes modelos de familia establecidos en esta ley. La norma gallega establece que el futuro personal docente se forme en «la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia».
Se impone también la revisión de los contenidos y materiales de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos a la luz de la realidad LGTBI.
Contrario al derecho de los padres sobre la educación de sus hijos
«La tramitación de leyes autonómicas», afirma Alicia Rubio, portavoz de Libres para Educar, una iniciativa de Profesionales por la Ética- que vulneran derechos fundamentales y contravienen los artículos de la Constitución, es un subterfugio para continuar ideologizando a los menores. De esta forma, algunos colectivos defensores de Educación para la Ciudadanía (Colectivos LGBT, feministas de género…) han encontrado la forma eludir las dificultades de promulgarlas de forma estatal y seguir accediendo a las aulas para continuar con su labor de ingeniería social».
«Queremos avisar a los padres comprometidos en la educación de sus hijos»- continua Rubio, «de que el nuevo frente de adoctrinamiento va a llegar a través de talleres y actividades escolares impuestas por las leyes autonómicas y que la única forma de evitarlo es la autorización y consentimiento previo en el que los padres solicitan información completa acerca de las actividades de formación que se imparte a los menores y exige el permiso explícito de los padres para asistir a ellos».
Sanciones contra los que se resisten
«Por otro lado, la existencia, en algunas de las legislaciones autonómicas, de sanciones para la ciudadanía que se resista a que sus derechos fundamentales sean vulnerados, las convierte en unas leyes de desigualdad que crea un colectivo privilegiado en todos los ámbitos y defendido por vía penal. Resulta sorprendente esta coincidencia que permite vislumbrar un plan organizado para imponer una legislación controvertida por la vía de las comunidades autónomas, puesto que no resulta tan sencillo por vía nacional.. En todas ellas, con el argumento de equiparar a personas de distintos comportamientos sexuales, se vulneran derechos humanos universales y existe un capítulo educativo que contempla el adoctrinamiento de profesores y menores en una ideología socialmente controvertida. En definitiva, se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones al incorporar «planes de formación» basados en la Ideología de género y talleres de educación sexual sin su conocimiento ni consentimiento.
La Constitución y la educación
La Constitución española asegura el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus valores morales y religiosos.
Artículo 27, 3:
- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
