(Aleteia/InfoCatólica) «Los andorranos siempre hemos tenido mucho sentido común para tratar los temas candentes y no debemos permitir que nadie nos diga desde fuera cómo debemos organizar nuestro país o nuestro cuerpo legislativo», declaró el pasado 25 de noviembre a la televisión pública andorrana.
Monseñor Vives afirmó que es el Parlamento andorrano quien tiene la responsabilidad de legislar, y el Gobierno la de ejecutar las leyes, y mostró su preferencia por que las instituciones «nos mantengamos en una buena neutralidad». Además, el arzobispo Vives se mostró favorable al debate y a proporcionar a los ciudadanos una información rigurosa.
El CEDAW ha realizado el informe tras la comparecencia de la delegación andorrana ante el CEDAW a principios del pasado mes de octubre en Ginebra, y quiere tener resueltas estas cuestiones de cara al próximo informe que Andorra debe entregar en octubre de 2017. El informe señala que la interpretación del derecho a la vida de la Constitución andorrana supone «una limitación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres».
Además, exhorta a este Estado situado entre España y Francia a «despenalizar el aborto y facilitar el acceso al aborto legal en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, violación, incesto y malformación fetal grave». Por otra parte, el comité de la ONU pide también en su informe una ley sobre la igualdad de género y que «se garantice un acceso asequible para las mujeres y las niñas a los métodos modernos de anticoncepción y las eduque cerca de los riesgos del embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA».
