(EP) El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, anunció ayer que la futura la ley para prevenir el consumo alcohol en menores podría incluir multas a aquellos padres o tutores cuyos hijos ingresen repetidamente en Urgencias por haber sufrido un coma etílico causado por el consumo de alcohol.
A su juicio, un coma etílico por abuso de alcohol «puede ocurrir ocasionalmente, pero si es habitual pone en evidencia que hay una dejación de la tutela por parte de los padres». Además, ha añadido, cuando estas intoxicaciones están provocadas por un consumo en el domicilio podría incluso considerarse «maltrato».
Rechazo a la medida
Para el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, la propuesta, planteada por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas «es una forma más de sacar dinero» ya que «la cuestión no es multar a los padres, sino restringir el acceso de los menores al alcohol».
«Es también una cuestión educacional en las escuelas y tiene por supuesto una parte de la responsabilidad en los padres, pero las cosas no se resuelven con una multa, porque al final, siempre pasa lo mismo, se convierte en una medida para recaudar más y no para resolver el problema», ha declarado a Europa Press.
Desde CEAPA, el presidente, Jesús María Sánchez, defiende que la sanción «no corrige conductas» y en casos como el del consumo de alcohol «no es lo más adecuado». En su lugar, recomienda trabajar «sobre el consumo responsable» y, cuando se trata de menores de edad, «buscar otras fórmulas».
«Tendremos que ver qué es lo que se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta que todo esto se logra a través de la educación, de patrones familiares, escuelas de familia, etcétera. Sancionar a los padres creo que no es la solución», ha añadido en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, la presidenta de UNAF, Julia Pérez, ha puesto el acento en que se trata de una medida de «castigo y culpabilización de los padres» cuando, «para afrontar la problemática» del alcohol en la población juvenil, se debe utilizar «un enfoque de educación para la prevención».
A su juicio, las diferentes campañas de sensibilización «han demostrado que es la mejor manera de tener un impacto sobre esta población» por lo que se debe «seguir trabajando en esta dirección para tener resultados a medio y largo plazo» ya que perseguir a padres y madres «no es en absoluto adecuado para reducir el consumo ni tampoco será efectivo».
Para el presidente de Concapa, Luis Carbonel, «lo que tiene que hacer el Gobierno es invertir más en la formación de padres y adolescentes» con el objetivo de «prevenir estas conductas», en lugar de castigar sin conocer las circunstancias concretas de cada caso, para lo que reclama «una mayor inversión en familia y escuela».
En este sentido, Carbonel apuesta por fomentar el diálogo en lugar del castigo, que califica como «la solución más fácil, pero menos efectiva». Asimismo, asegura que hay «acciones intermedias» antes de llegar a soluciones punitivas, como puede ser la intervención de trabajadores sociales que evalúen los casos. No obstante, no rechaza la posibilidad de una sanción económica si se demuestra que los padres «son irresponsables y no toman medidas ante los avisos».
