(HazteOir) La enseñanza española tiene muchos problemas; también los docentes, como el resto de trabajadores, se encuentran con dificultades, especialmente en un escenario de crisis económica. En este contexto, sorprende, como afirma Profesionales por la Ética (PPE), que las secciones de Enseñanza de los sindicatos UGT y CC.OO. dediquen todos sus esfuerzos a combatir a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía (EpC).
En la región de Murcia, por ejemplo, CC.OO. ha cursado unas instrucciones a sus afiliados sobre cómo actuar ante la objeción a Ciudadanía. En estas instrucciones (que se adjuntan al término de esta noticia), se pide a los profesores que:
- Impartan las asignaturas de Ciudadanía según el currículo regional y lo amplíen de la manera que crean oportuna.
- Anoten como "faltas" las ausencias de los alumnos objetores.
- Los jefes de estudios deben expulsar a los alumnos objetores cuando hayan acumulado varias "faltas".
- Los alumnos objetores deberán ser suspendidos por no asistir a clase durante todo el año.
En el Principado de Asturias, CC.OO. acusó a los objetores de absentistas y recordó que las asignaturas de EpC no pueden "adaptarse a los idearios de los centros". En Extremadura y Castilla-La Mancha, ambos sindicatos han reforzado la postura de las administraciones socialistas frente a los objetores.
"Ni que decir tiene que CCOO, al igual que UGT, puso el grito en el cielo cuando la Comunidad de Madrid decidió ofrecer actividades alternativas a los alumnos objetores a las asignaturas a Ciudadanía", recuerda PPE. La Federación de Enseñanza de CC.OO. en Madrid ha llegado a acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de "ir contra el Estado de Derecho por amparar a los objetores".
UGT también ha cerrado filas con los gobiernos del PSOE a favor de EpC. Para este sindicato, las nuevas asignaturas "son una oportunidad para la educación de los nuevos ciudadanos desde un punto de vista democrático y con una visión crítica de los problemas que tiene la sociedad y el individuo". Así, cuando a principios de octubre un Juzgado de Cuenca emitió un Auto que eximía a varios alumnos de asistir a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía, lamentaron "el trastorno que ello producía a la Consejería de Educación y Ciencia", al tiempo que afirmaban que estas materias escolares "tienen el mismo rango que cualquier otra".
No es la primera vez que UGT sale en defensa de EpC. Así, en septiembre de 2007, este sindicato (junto a CCOO) pretendió personarse en el procedimiento judicial en el que unos padres sevillanos denunciaban los decretos andaluces de Ciudadanía por considerar que vulneraban sus derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admitió la personación de los sindicatos pro-gubernamentales, alegando que sus derechos no se veían afectados por este procedimiento judicial.
También ha habido miembros de UGT que han impartido cursos para profesores de las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía. Así, PPE recuerda que, durante el curso pasado, dos ex dirigentes de Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Castilla La Mancha, Ascensión Palomares Ruiz y Joaquín Muñoz Cantos, dirigieron e impartieron el Curso Educación para la Ciudadanía y la Interculturalidad en la Escuela Universitaria de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). El objetivo del curso ("formar docentes reflexivos y críticos") quedó, sin duda ensombrecido, al conocerse que ambos ex dirigentes de UGT habían sido condenados por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Albacete (sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Albacete) por falsificación de documentos para no perder una subvención que les había sido concedida. (laverdad.es, 13-01-2007; abc.es, 13-01-2007 y laverdad.es, 23-05-2007).
La posición de UGT, favorable a EpC en las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE, cambia radicalmente en lugares en los que el PP está en el poder. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde UGT ha adoptado una actitud beligerante frente a la Consejería de Educación porque ésta, en uso de sus competencias (así lo ha reconocido la propia ministra de Educación), ha decidido que las asignaturas de Ciudadanía sean impartidas en inglés. Como consecuencia, el sindicato socialista ha anunciado movilizaciones contra el Gobierno valenciano. Además, UGT asegura que impartir estas asignaturas en inglés implicará un coste adicional de 15,5 millones de euros y "dañará la dignidad de los profesores".
Beligeracia contra un derecho amparado por los tribunales
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, "es absolutamente incomprensible que los sindicatos UGT y CCOO se muestren tan beligerantes contra un derecho (el de objetar a Ciudadanía) que ha sido amparado por más de 100 fallos judiciales". Respecto a las instrucciones dictadas por CC.OO. para los docentes de Murcia, Bazán considera que incitan a los funcionarios a cometer un delito, ya que la objeción es un derecho constitucional y el artículo 542 del Código Penal afirma que "incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes".
Según datos recopilados por PROFESIONALES POR LA ÉTICA, las secciones de Enseñanza de UGT y CCOO han sido ampliamente subvencionadas por el Ministerio de Educación ya que desde 2004 hasta 2007 han recibido 727.157,00 € (CCOO) y 900.085,00 € (UGT).
