(Lasprovincias.es/InfoCatólica*) -Tras casi 23 años, el Gobierno ha iniciado el camino para elaborar una nueva ley. ¿Por qué es necesario este cambio?
-La actual ley es del año 85. Hasta ahora ha habido varias proposiciones y proyectos de reforma, lo que pasa es que ninguna ha tenido éxito. No es que los partidos políticos no hayan tenido sensibilidad, lo que pasa es que no ha cristalizado en una reforma. Tampoco quiere decir que ésta lo vaya a hacer. El cambio es necesario porque las leyes son instrumentos para resolver conflictos y 23 años es un tiempo más que razonable para que la herramienta se desgaste y no sea adecuada para resolver ese conflicto.
-¿Hacia dónde se quiere ir con la nueva ley?
-Todas las reformas penales tienen que estar sustentadas conociendo la realidad y lo primero que estamos haciendo es intentar tener un retrato de cuál es la situación del aborto en España. En segundo lugar, tenemos que conocer qué solución se le está dando en los países de nuestro entorno (Europa, EE.UU. y algunos latinoamericanos) a este problema. Nuestra aproximación en España es que el aborto es un delito y sólo en algunos casos específicos no lo es. Esta es la primera cuestión que habría que analizar, puesto que en otros países no se visualiza primero como un problema penal. Luego vienen conectados otros temas importantes como es el conflicto entre la vida del nasciturus y los derechos de la madre y la objeción de conciencia. Son asuntos que hay que analizar.
-Se ha hablado de elaborar una ley similar a la de los otros países europeos. ¿Existe ya alguna referencia clara?
-No hemos llegado a eso todavía. Más o menos todos conocemos los sistemas europeos, pero ahora estamos haciendo el estudio. Una cosa es conocer cuál es el sistema jurídico y otra analizar verdaderamente cómo está respondiendo ese sistema a la realidad. Sistema jurídico perfecto no hay ninguno, por eso tenemos que conocer la realidad y ver cuál puede ser el que le va mejor a nuestros problemas y sea más aceptado por la sociedad española.
-Ha hablado del conflicto entre el derecho de la madre y el del 'nasciturus', ¿cómo se puede resolver?
-Existe un conflicto en el que hay que especificar en qué casos y bajo qué requisitos hay que dar preferencia al derecho de la madre embarazada y en qué otros hay que dar preferencia a los derechos del nasciturus. Cuando alguien dice que siempre prevalece un derecho, entonces estamos anulando el otro. En mi opinión, y que creo que es la absolutamente mayoritaria entre los penalistas, es que partimos todos de la idea de que hay un conflicto y tratamos de ofrecer criterios valorativos y técnicos para ver en qué casos se puede argumentar que está justificado sacrificar uno de esos bienes para salvar el otro.
-Pese a ello, la nueva ley va a despertar seguramente un intenso debate, ¿cómo espera hacer frente a las críticas que surgirán desde diferentes colectivos?
-En una sociedad libre, abierta y democrática todo debate es bueno. Lo que me gustaría, aunque soy escéptico, es que sea un debate limpio, constructivo y buscando la solución que más apoyemos. El 100% de apoyo no lo vamos a encontrar vayamos en la dirección que vayamos. Hay que buscar la solución que más españoles acepten como la menos mala. Esto exige la máxima responsabilidad, pero sobre todo queremos un debate limpio de un lado y del otro. De lo contrario, lo que se va a conseguir al final es que no haya ningún consenso y que las personas que tienen el problema tengan un instrumento para resolverlo que no es el más adecuado.
-La objeción de conciencia también puede generar conflicto. ¿Puede haber una solución?
-Formas de resolverlo hay, pero no es un problema particular del aborto. Hay temas, y este es uno de ellos, en el cual los profesionales que estimen que su conciencia les impide por sus convicciones practicar un aborto, se les conceda. Ahora bien, lo que tampoco creo es que la objeción de conciencia pueda amparar abusos miserables, no me parece lógico que profesionales en servicios públicos demanden estar en lugares donde saben que una de las funciones es la práctica del aborto. Esto debería regularse. Y también me parece un abuso grave que en servicios públicos se ejerza la objeción de conciencia pero no en las clínicas privadas. Esto me parece un fraude tremendo.
-¿Cuál es la situación en la Comunitat Valenciana?
-La organización de los servicios de salud públicos está transferida a las comunidades autónomas, por lo que hay 17 mundos. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana no hay un sólo centro público ni concertado con la Generalitat que practique abortos. Sólo hay una clínica privada en Elche en la cual, si la mujer que practica el aborto lo hace allí, la Generalitat realiza el pago. El resto de mujeres que practican un aborto legal en la Comunitat, en Castellón o en Valencia, tienen que ir a un servicio privado y pagarlo. Esto es muy diferente a lo que ocurre en otras autonomías. No es un tema estrictamente penal sino un tema que afecta también a la organización de los servicios públicos de salud.
-Para usted, ¿cómo sería la mejor ley del aborto posible?
-La mejor sería la ley que por una parte solucione de la mejor manera posible el conflicto o los conflictos que hay en España y la mejor forma de hacerlo es la ley que tenga un mayor consenso y una mayor aprobación de los ciudadanos, obviamente, representados por los diputados y por los senadores. Las estadísticas hablan de un 60% que quiere mejoras, en el sentido de ampliar los supuestos de aborto. No creo que una reforma de la ley del aborto vaya a suponer que haya más abortos. Muchas personas van a practicar el mismo aborto con una ley o con otra, lo único es que lo harán con más seguridad jurídica para todos, incluidos los profesionales de la medicina que hoy en muchos casos tienen todavía encima la amenaza de verse inmersos en un proceso penal.
-¿Un sistema de plazos ofrecerá más garantías que los tres supuestos?
-Por unos y por otros se dice que se abusa del supuesto de peligro para la salud física o psicológica de la madre, que no tiene limitación temporal para abortar. Hay que tener en cuenta que más del 90% de los 100.000 abortos anuales se basan en este supuesto. Esto parece un tanto sorprendente. Estamos en parte aplicando de facto un sistema de plazos y en cambio algunos se oponen a este sistema cuando ofrece muchas más garantías al nasciturus que el actual. Hay que ser conscientes de cual es la realidad de los abortos en España, porque a lo mejor muchos de los que se oponen porque entienden que requiere mayor proyección la vida del nasciturus encontrarían más seguro para sus ideas un auténtico sistema de plazos. Lo que no puede ser es que la ley diga una cosa y la realidad funcione de otra forma. Lo cierto es que más del 60% de la población está defendiendo claramente un sistema bastante generoso del aborto. Con este panorama no tiene sentido mantener una ley del aborto obsoleta en este sentido.
