(José Antonio Méndez/Alfa y Omega) El curso 2007/2008 pasará a la historia de España por ser el de la rebeldía ciudadana contra la asignatura de Educación para la ciudadanía. El saldo del curso concluye con más de 41.000 objeciones de conciencia por toda España, cientos de plataformas ciudadanas surgidas contra la materia, numerosos recursos judiciales en trámite, varias sentencias que amparan a los objetores y un creciente número de familias que se oponen a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado
Las aulas de los colegios españoles descansan silenciosas, las pizarras han borrado las lecciones de tiza, y los pupitres vacíos aguardan a ser ocupados, tras el verano, por nuevos alumnos. Sin embargo, a tenor de los datos con los que termina el curso 2007/2008, miles de estudiantes no están dispuestos a sentarse en ellos a partir de septiembre. Al menos, no en las horas en las que se imparta Educación para la ciudadanía.
Según los últimos datos facilitados por Profesionales por la Ética, 41.107 estudiantes han presentado su objeción de conciencia frente a la asignatura impuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. De éstas, casi 10.000 se han presentado en las siete Comunidades donde este año ya se ha cursado la materia, y el resto, en otras donde Educación para la ciudadanía llegará a las aulas el próximo curso. Un aluvión de objetores que se ha multiplicado por el hecho de que, a partir del próximo año, la materia se impartirá no sólo en Tercero de la ESO, como hasta ahora, sino también en Primero, Segundo y Cuarto, así como en Primero de Bachillerato. Es decir, en todos los cursos de la Enseñanza Obligatoria y en el primer curso del Bachillerato.
Ni siquiera las amenazas de la Administración han frenado las objeciones. Por más que la ministra doña Mercedes Cabrera o que la Junta de Andalucía afirmasen que los objetores serían suspendidos, las acciones de la Justicia han llevado a la Consejería de Educación andaluza a retractarse. Si el 4 de junio la Junta ordenaba a los centros suspender a los objetores, a finales de mes, colegios e institutos recibieron órdenes para calificar como no evaluado a quienes hubiesen sido respaldados por una sentencia judicial.
La preocupación de los padres por lo que consideran una intromisión ilegítima del Estado en la formación de sus hijos se ha traducido también en el florecimiento de centenares de asociaciones ciudadanas por todo el país, que canalizan las objeciones, informan a las familias y asesoran a quienes deciden llevar su objeción al terreno judicial. Para que estas plataformas pudiesen coordinar sus acciones nació la web www.objetores.org, que cuenta con asesoría legal, formularios de objeción y las últimas noticias sobre la batalla de las familias por defender su derecho a la libertad de enseñanza. Y no es baladí esta cuestión de las noticias, porque cada semana la situación da un giro. Durante el curso 07/08, se cuentan por decenas las sentencias judiciales que se han pronunciado en torno a la materia. Algunas amparan a los objetores, arremeten contra los contenidos de la asignatura y dictan medidas cautelares para que los alumnos no tengan que cursarla. Las sentencias que favorecen la objeción han sido recurridas por las Administraciones socialistas ante el tribunal superior de turno. Como siguiente paso en el proceso judicial, las resoluciones más polémicas de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias, Cataluña y Andalucía han sido recurridas ante el Supremo.
Y en el terreno político, habrá que esperar a septiembre para saber si todas las Comunidades gobernadas por el PP se oponen a Educación para la ciudadanía o si Castilla León, La Rioja y Valencia mantienen la misma línea que hasta ahora, de obstaculizar el derecho a la objeción, igual que en las Comunidades de Gobierno socialista o nacionalista.
Quedan aún, como se ve, muchos capítulos que escribir en torno a la Educación para la ciudadanía.
