Anuncian la firma de un convenio que lleva once años de vigencia

Madrid: PSOE e IU atacan a la Iglesia Católica apoyándose en una manipulación de la Ser

La Cadena Ser presentó ayer como un nuevo convenio entre la Comunidad de Madrid y la archidiócesis madrileña lo que no era sino la renovación del firmado en el año 1997, por el cual sacerdotes católicos podrían ser miembros de los comités de ética y comités interdisciplinares de cuidados paliativos. Dichos comités, a diferencia de lo que la Ser explicó a sus oyentes, no son ejecutivos sino consultivos. Tanto el PSOE como IU, que en los once años de existencia del convenio no han protestado por el mismo, pidieron su derogación y negaron el derecho a los católicos a formar parte de los comités éticos.

La Cadena Ser informaba ayer, como si fuera una novedad, de que "el gobierno madrileño de Esperanza Aguirre y el cardenal Rouco Varela han firmado un convenio para la asistencia religiosa en los hospitales que les permitirá participar de las decisiones sobre los cuidados paliativos en enfermos terminales". Añadía la información que "el convenio contempla una cláusula en la que se establece que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica va a formar parte del comité de ética y del comité interdisciplinar de cuidados paliativos. Comités que se encargan de decisiones tan trascendentales como dar o no sedación terminal a un enfermo, practicar un aborto a una mujer denunciada que no denunció o decidir si se reanima o no a un bebé con malformaciones en la unidad de neonatología".

Lo cierto es que, tal y como aclaró el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, el convenio está vigente desde el año 1997. Lo cierto es que los comités son consultivos, y por tanto sus dictámenes no tienen carácter vinculante. Y lo cierto es que no hay un solo sacerdote formando parte de dichos comités en los hospitales de la Comunidad de Madrid.

A pesar de ello, tanto el PSOE como IU han emprendido una campaña contra el acuerdo, que lleva once años de vigencia durante los cuales ningún partido político mostró su desacuerdo, y de paso han arremetido contra el derecho de la Iglesia a dar su parecer en cuestiones éticas relacionadas con la sanidad.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, avanzó que los socialistas van a pedir la comparecencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en sede Parlamentaria para que dé explicaciones acerca de este convenio del que informó hoy la cadena SER. Al tiempo, Gómez anunció la apertura de un "frente social, institucional y político" para que se derogue el acuerdo. El Gobierno regional "intenta llevar a la Sanidad pública madrileña un modelo moral que no es compatible con el modelo constitucional y que no es compatible con una España moderna", indicó Gómez, quien añadió que ese modelo "más bien parece traído del modelo de sociedad preconstitucional" que del actual.

Así, apuntó que los socialistas "se oponen" a la participación de la Iglesia en los Comités éticos y en las decisiones sobre la oportunidad de que un paciente en estado terminal reciba cuidados paliativos o no. Gómez aseguró que "no es la primera vez que la Consejería actúa de esta manera" y mencionó el caso del "acoso y derribo" a los profesionales del Severo Ochoa por el caso de las sedaciones irregulares en el Servicio de Urgencias del centro. Por último, indicó que la practica médica "debe regularse con un código deontológico y ético de los profesionales médicos, que es como corresponde".

Mientras, la portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, reclamó la retirada de cualquier acuerdo suscrito entre la Consejería de Sanidad y la Iglesia Católica que permita que esta institución intervenga en los Comités de Ética y los Comités Interdisciplinares de Cuidados paliativos de los hospitales públicos. Asimismo, Sabanés reclamó "explicaciones urgentes" al Gobierno regional y avanzó que IU exigirá que se tomen medidas que impidan que la Iglesia Católica interfiera en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en la organización de los servicios públicos.

Por su parte, la Asociación 'Defensor del Paciente' afirmó hoy en un comunicado que la "gravedad" de la decisión les haría acudir al Tribunal de los Derechos Humanos, ya que "se estaría incurriendo en una ilegalidad y una decisión propia de un país bananero".

"La Sanidad no tiene ni color político, ni religioso. Los pacientes deciden sobre como vivir y como morir", indicó la Asociación, que afirmó que "no va permitir" que el ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés en el momento de las supuestas sedaciones irregulares, Luis Montes, ni el clero, ni la Comunidad de Madrid tome este tipo de decisiones.

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Este cascó un huevo, este le echó sal....

Por Luis Fernando Pérez Bustamante

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