(Ep/InfoCatólica*) El Gobierno estudiará el convenio suscrito en el año 1997 entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid sobre la inclusión del servicio de asistencia religiosa católica dentro del Comité de Ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos de los hospitales públicos madrileños, alegando que en el Sistema Nacional de Salud no se puede "imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas", según informó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros.
En este sentido, De la Vega destacó que ha sido el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha decidido dirigirse al Ministerio Fiscal y al director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, para que estudien dicho acuerdo y "si procede, se ejerciten las acciones que consideren oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a intimidad, autonomía personal, salud y libertad religiosa".
"De acuerdo con la Constitución española", aseveró, "los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas" y la voluntad del paciente sobre su salud "tampoco puede tener otros límites que no sean los previstos en el Ordenamiento Jurídico ni los que se derivan de los criterios profesionales".
