El macrojuicio al doctor Morín y a sus principales colaboradores ha iniciado este miércoles su recta final en la Audiencia de Barcelona, con la exposición del informe final por parte de la fiscal, que ha negado que el proceso sea una causa ideológica en contra de la interrupción del embarazo, sino en contra de los abortos practicados fuera de la ley.
En su escrito de acusación definitivo, la fiscal ha rebajado su petición inicial a Morín de 309 años de cárcel hasta los 273 -de los que únicamente 15 serían de cumplimiento efectivo en prisión-, ya que ha retirado de la causa una docena de abortos supuestamente ilegales que se le atribuían inicialmente, ya que se encuadran en los supuestos previstos en la nueva ley.
Según la fiscal, los once acusados -entre ellos médicos, psiquiatras y anestesistas- integraban un grupo organizado en el que Morín ejercía el liderazgo, y eran plenamente conscientes de la ilegalidad de los abortos que practicaban en la clínica, por lo que se esforzaban en alterar los historiales clínicos de las pacientes y falsificar sus test psiquiátricos para dar apariencia de legalidad.
Después de que en el inicio del juicio las defensas pidieran la nulidad del proceso alegando irregularidades en la instrucción, la fiscal ha calificado de "impecable" y "excelente" la labor de la juez instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
(Agencias/InfoCatólica) La fiscal ha rebajado de 309 a 273 años su petición definitiva de cárcel para Carlos Morín, a quien acusa de practicar 89 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona movido únicamente por ánimo de lucro, ya que considera que no actuó por mera filantropía o por ayudar a sus pacientes.
En su escrito de acusación definitivo, la fiscal ha rebajado su petición inicial a Morín de 309 años de cárcel hasta los 273 –de los que únicamente 15 serían de cumplimiento efectivo en prisión–, ya que ha retirado de la causa una docena de abortos supuestamente ilegales que se le atribuían inicialmente, debido a que se encuadran en los supuestos previstos en la nueva ley.
Según la fiscal, los once acusados –entre ellos médicos, psiquiatras y anestesistas– integraban un grupo organizado en el que Morín ejercía el liderazgo, y eran plenamente conscientes de la ilegalidad de los abortos que practicaban en la clínica, por lo que se esforzaban en alterar los historiales clínicos de las pacientes y falsificar sus test psiquiátricos para dar apariencia de legalidad.
Después de que en el inicio del juicio las defensas pidieran la nulidad del proceso alegando irregularidades en la instrucción, la fiscal ha calificado de impecable y excelente la labor de la juez instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
