(Efe/InfoCatólica) Esta resolución fue ratificada poco después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que la marcha infringía el derecho a la libertad religiosa y suponía un riesgo para el orden público, por lo que los ateos convocaron una manifestación para el mes siguiente a favor de la libertad de manifestación y de expresión y de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado.
Un año después, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), la Asamblea Vecinal la Playa de Lavapiés, el Grupo Anarquista Volia, el Grupo Anarquista Albatros y La Tetera de Russell ha comunicado a la Delegación del Gobierno la intención de celebrar una manifestación el próximo Jueves Santo que discurriría por el barrio de Lavapiés a partir de las 20:00 horas bajo el lema: "No más privilegios: de mis impuestos a las iglesias cero".
El objetivo es protestar por los "privilegios económicos de la Iglesia Católica", que según sus cálculos recibió del Estado al menos 11.000 millones de euros en 2011 -lo cual es falso-, mientras el Gobierno recortó 12.000 millones en servicios sociales, según ha explicado el presidente de AMAL, Luis Vega, quien no dice nada sobre la ingente cantidad de dinero que la Iglesia ahorra al Estado gracias a su labor social.
Vega ha reiterado que la manifestación se convoca para el Jueves Santo porque se trata de un día señalado para la Iglesia, que es la institución contra cuyos privilegios se protesta. "Se convoca el Jueves Santo sólo por eso, y no porque estemos en contra de esas creencias", ha dicho el presidente de AMAL, que ha explicado que los ateos tampoco quieren "que los católicos nos impongan su moral, ni pagar sus creencias".
Recorrido distinto y más garantías...
Vega ha incidido en que las asociaciones convocantes no entenderían que la Delegación del Gobierno no autorizase la marcha porque se han asegurado de que no coincida con ninguna procesión y la han comunicado "con tiempo y con más garantías si cabe que el año pasado", cuando creen que prohibirla respondió a "una decisión política".
Ha adelantado que, si la Delegación no la autorizase, las asociaciones convocantes analizarían en asambleas qué hacer, aunque en principio, a día de hoy, "la manifestación se mantendría", ya que entienden que prohibirla sería "cercenar un derecho de los ciudadanos". Los convocantes han comunicado a la Delegación del Gobierno un recorrido principal y dos alternativos e incluso están dispuestos a considerar una propuesta alternativa, siempre que el recorrido discurra por Lavapiés.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha confirmado esta mañana que esta institución ya ha recibido la comunicación correspondiente pero aún no la ha valorado, ya que aún falta tiempo y se tomará una decisión "cuando corresponda"
