(Diario de Navarra) El Colegio de Médicos de Navarra se opone al texto legal porque no cree necesario establecer ningún registro, ya que basta con la comunicación por escrito de la intención a objetar. El PP advierte que se va a elaborar una lista negra de trabajadores sanitarios.
Estos profesionales “deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, así como especificar para cuáles de los supuestos“ recogidos en la ley objetan. Las declaraciones formarán parte de este registro que acaba de crear el Gobierno, mediante una orden foral de la consejera de Salud, Marta Vera, aprobada el 3 de octubre y publicada ayer en el Boletín Oficial de Navarra.
Un registro que incluirá tanto las declaraciones de objeción de conciencia a practicar abortos, como las revocaciones que se puedan producir. El objetivo, según destaca la orden foral, es que el departamento de Salud pueda “garantizar una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria, con el fin de conocer los centros públicos a los que se pueda dirigir la mujer que manifieste su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo“ siempre que esté dentro de lo establecido por la ley.
El fichero contendrá el nombre, apellidos, DNI, titulación, especialidad, centro en el que presta sus servicios y servicio al que se encuentra adscrito. La unidad responsable del fichero será el Servicio de Seguridad de la Información Sanitaria, que depende de la subdirección de Organización y Sistemas de Información del Servicio Navarro de Salud.
Ley impulsada por el PSN
La ley por la que se creó este registro fue propuesta por el PSN y aprobada hace un año, el 28 octubre de 2010, por el Parlamento navarro, con el apoyo de NaBai e IU. Votaron en contra UPN y CDN.
La norma recibió el rechazo del Colegio de Médicos de Navarra. El Colegio dejó claro que respeta la libertad individual de cada facultativo para decidir en conciencia su postura ante el aborto. Recordó que la ley nacional establece que la negativa a realizar abortos por razones de conciencia debe manifestarse anticipadamente y por escrito, pero que eso “no conlleva la necesidad de crear ningún registro oficial“, sino que basta una mera notificación administrativa personal a la dirección del servicio correspondiente.
En opinión del Colegio de Médicos, sólo de esa forma “personal, voluntaria y confidencial“ se puede garantizar la asistencia a las pacientes demandantes de esta intervención sin lesionar los derechos de los profesionales implicados. En su opinión, la obligación de realizar esta declaración sólo por parte de los profesionales del sistema sanitario público es “contraria a la Constitución“.
Está recurrida por el PP
La norma, por otra parte, está pendiente del recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional. Este partido rechaza el registro al considerar que establece “serias restricciones“ al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. Argumenta que la ley nacional no exige a los profesionales que se niegan a participar en aborto a inscribirse en ningún registro donde queden archivados sus datos personales.
Los populares consideran que se elabora en Navarra una lista negra de trabajadores sanitarios cuyo único delito es ejercer un derecho fundamental, el de la objeción de conciencia. Además, este partido mantiene en su recurso que una ley autonómica no puede regular cuestiones que afecten al desarrollo de derechos fundamentales como el de la libertad de conciencia.
Ante este recurso, el Parlamento navarro, con los únicos votos en contra de UPN y el PP, acordó en agosto que defendería la ley y presentaría las alegaciones que fueran precisas ante el Constitucional.
Lo que el Alto Tribunal no ha hecho es suspender la norma navarra mientras delibera. De ahí que el Gobierno foral haya creado ahora el registro. La presidenta Yolanda Barcina destacó el pasado julio que el Gobierno cumplirá la ley que regula el registro porque, aunque UPN no está de acuerdo con la norma, es un partido “que cumple todas las leyes“.
Profesionales afectados
La ley que crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con el aborto será de aplicación sólo a los profesionales del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en este tipo de intervenciones que “manifiesten rechazo o negativa“ a realizarlas. Afectaría a facultativos especialistas en ginecología y obstetricia, especialistas en anestesiología y reanimación, diplomados en enfermería y matronas.
Estos profesionales “deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, así como especificar para cuáles de los supuestos“ recogidos en la ley objetan:
- Interrupción en las primeras catorce semanas de gestación.
- Interrupción por causas médicas sin que se superen las 22 semanas de gestación, siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o que exista riesgo de graves anomalías en el feto
- Si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida.
