(LifeNews/InfoCatólica) Varios de los mayores bancos de Estados Unidos cerraron cuentas y restringieron servicios a organizaciones provida y a grupos cristianos después de que se hicieran circular entre las entidades financieras materiales del Gobierno de Biden que los calificaban de «grupos de odio».
En 2024 ya salió a la luz que la Administración Biden intentaba dejar sin servicios bancarios a grupos provida, conservadores y cristianos, y que había respaldado una lista de «grupos de odio» que incluía a organizaciones cristianas conservadoras de primer orden, como Alliance Defending Freedom y el Family Research Council. Una nueva investigación sobre el asunto ha arrojado resultados escandalosos.
Casi 100.000 quejas examinadas
El informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), titulado «Guaranteeing Fair Banking for All Americans», revisó casi 100.000 quejas y decenas de miles de registros internos, entre 2020 y septiembre de 2025, de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO Bank.
La investigación encontró políticas que negaban o limitaban el acceso a los servicios bancarios en función de opiniones políticas, religiosas o sociales. Para justificarlas, los bancos invocaban el «riesgo reputacional» derivado de la Administración Biden, de la prensa negativa, de protestas, de grupos de presión izquierdistas como el Southern Poverty Law Center (SPLC) y de una posible presión regulatoria. Las entidades pusieron en el punto de mira a organizaciones cristianas por sus posiciones sobre el aborto, las cuestiones LGBTQ y los valores familiares tradicionales.
Casos concretos
WePay, filial de JPMorgan Chase, cerró la cuenta de una organización religiosa después de que el SPLC la designara como «grupo de odio extremista». Las notas internas la describían como una «organización sin ánimo de lucro religiosa conservadora de derechas con una fuerte retórica anti LGBTQ». WePay cerró también una cuenta que un cristiano devoto utilizaba para financiar una impugnación judicial contra las leyes antidiscriminación.
PNC denegó una línea de crédito a una empresa de comunicación, en parte porque uno de sus propietarios financiaba a grupos cristianos conservadores a los que el SPLC había etiquetado como grupos de odio. Por su parte, Wells Fargo presionó a un procesador de pagos para que dejara de prestar servicio a una organización religiosa sin ánimo de lucro por sus opiniones sobre el mal llamado «matrimonio» homosexual.
«Bankrolling Bigotry»
Todas estas actuaciones se produjeron después de que circulara un informe titulado «Bankrolling Bigotry: An Overview of the Online Funding Strategies of American Hate Groups». La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro lo envió por correo electrónico a directivos de los grandes bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank.
Basándose en las designaciones del SPLC, aquel informe incluía falsamente a organizaciones provida y cristianas, como Alliance Defending Freedom, Liberty Counsel, el Family Research Council, el Ruth Institute y el American College of Pediatricians, junto a grupos nacionalistas blancos, supremacistas blancos y negacionistas del Holocausto. Instaba a las plataformas a restringirles el acceso y recomendaba al Congreso que estudiara retirarles la exención fiscal.
«Pruebas irrefutables»
El Contralor de la Moneda, Jonathan V. Gould, afirmó que las conclusiones aportan «pruebas irrefutables de que los mayores bancos del país han negado servicios, retirado cuentas y discriminado a clientes y a empresas legales».
Mark Paoletta, director en funciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), declaró: «Es indignante que estos bancos pusieran en el punto de mira a consumidores estadounidenses por creencias políticas, sociales o religiosas que no coincidían con las de la Administración Biden o sus aliados izquierdistas. Muchos de los afectados eran partidarios del presidente Trump. Estas tácticas matonescas no tienen cabida en Estados Unidos». La CFPB ha abierto una investigación sobre posibles infracciones de las leyes federales de protección financiera del consumidor.
La revisión responde a la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 7 de agosto de 2025, que establece: «A ningún estadounidense se le debe negar el acceso a los servicios financieros por sus creencias, afiliaciones u opiniones políticas protegidas por la Constitución o por la ley». Los bancos se basaron en las designaciones del SPLC para tomar sus decisiones. El SPLC fue posteriormente acusado formalmente por la justicia federal de fraude y blanqueo de capitales, y el director del FBI, Kash Patel, lo ha calificado de «máquina partidista de difamación».
La respuesta de JPMorgan
Un portavoz de JPMorgan Chase declaró sobre el procedimiento de WePay: «Un proceso utilizado por WePay, una pequeña empresa tecnológica que adquirimos hace años y que desde entonces hemos ido cerrando, no estuvo a la altura de nuestras expectativas. Lo detectamos, lo corregimos, y ese negocio ya no opera». Y añadió: «Nuestras políticas prohíben discriminar a los clientes por sus opiniones políticas o religiosas».
La OCC consideró insuficientes las reformas que alegan los bancos y señaló que ninguno de ellos ha reconocido plenamente la «utilización de las finanzas como arma contra los estadounidenses trabajadores».
Las conclusiones del informe muestran cómo organizaciones que han defendido con éxito ante los tribunales la libertad de expresión y la libertad religiosa, al tiempo que defendían a los niños por nacer, fueron tratadas como si fueran extremistas violentos, lo que llevó al cierre de las cuentas con las que financiaban su trabajo legal.
