(Right to Life UK/InfoCatólica) Permanecer de pie, en silencio, a menos de 150 metros de una clínica abortista puede ser considerado delito en el Reino Unido. Es lo que vive Isabel Vaughan-Spruce, directora de March for Life UK, que ya fue detenida dos veces por rezar en silencio frente a un abortorio de Birmingham y recibió de la policía una indemnización de 13.000 libras en reconocimiento del trato injusto que sufrió. Ahora se ha declarado inocente de cinco nuevos cargos presentados contra ella este mes por supuesta infracción de la ley de zonas de exclusión en torno a los centros abortistas.
Las zonas de exclusión entraron en vigor en octubre de 2024 alrededor de las clínicas abortistas de Inglaterra y Gales. La ley prohíbe «influir en la decisión de cualquier persona de acceder, proporcionar o facilitar la prestación de servicios de aborto» en un radio de 150 metros, lo que en la práctica criminaliza el ofrecimiento de una ayuda vital a las mujeres, en medio de una gran confusión sobre qué actividades concretas están prohibidas.
Del cargo original a cinco acusaciones
Tras una tercera investigación de la Policía de West Midlands, Vaughan-Spruce fue acusada en diciembre de 2025. Ese cargo fue desestimado por el juez porque «no estaba redactado correctamente». Sin embargo, el miércoles 7 de octubre se permitió a la Fiscalía sustituir aquel cargo original por cinco cargos distintos, relativos a supuestos hechos ocurridos en 2025.
Vaughan-Spruce, a quien se acusa de tener la intención de interferir en la decisión de cualquier persona de acceder, proporcionar o facilitar la prestación de servicios de aborto en una clínica abortista, se declaró inocente de todos los cargos ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham. No niega que se encontrara dentro de la zona de 150 metros. Aunque ha sido detenida en anteriores ocasiones, nunca ha sido condenada por ningún delito. Se prevé que su juicio se celebre el próximo mes de enero.
Su equipo jurídico sostiene que procesarla por rezar en silencio es incompatible con sus derechos humanos fundamentales, en particular con la libertad de pensamiento y de religión recogida en los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La guía oficial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce expresamente la oposición al aborto como una convicción protegida por el artículo 9 del Convenio. Los abogados alegan además que la oración silenciosa queda fuera del ámbito de la ley de zonas de exclusión, que a su juicio no se concibió para criminalizar una conducta como la de Vaughan-Spruce.
Durante la vista, el juez Tan Ikram afirmó que el mero hecho de permanecer dentro de una zona de exclusión «no es un delito», y añadió que «no importa cuántas veces lo hagas, la mera presencia no basta» para constituir una infracción.
«Orwelliano»
Vaughan-Spruce ha calificado de «orwellianas» las detenciones y los cargos de este tipo, y ha advertido de que estos casos están «fomentando un sentimiento de intolerancia en nuestras comunidades». «No creo que quienes son provida o cristianos deban ser tratados como una especie de parias sociales», afirmó.
Según explicó, muchas otras personas están «preocupadas por lo que les pueda pasar también a ellas», debido a la falta de claridad sobre lo que constituye delito. «Lo he oído de mucha gente, ya sabes, simplemente preocupada por algo tan sencillo como rezar cuando están en un espacio público», reveló.
Tras recibir los nuevos cargos, la líder provida declaró: «Permanecer en silencio y defender ciertas creencias en un espacio público nunca debería ser un delito. Sin embargo, a pesar de haber sido exonerada de mis actos en múltiples ocasiones y de haber recibido una indemnización económica tras dos detenciones injustas, el año pasado volví a ser acusada por mi mera presencia en una zona de seguridad, y hoy he recibido nuevos cargos». Y añadió: «Me preocupa profundamente esta violación del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y a mis arraigadas convicciones cristianas provida. Ruego que prevalezcan el sentido común y la libertad, para que nadie más tenga que enfrentar un trato criminal por sus creencias».
Detenida por lo que «quizá» estaba rezando
Vaughan-Spruce fue detenida por primera vez en diciembre de 2022, después de decir a la policía que «quizá» estaba rezando en silencio mientras permanecía de pie en una calle pública cerca de una clínica abortista de Birmingham. No llevaba carteles ni mostraba ninguna expresión externa de opinión política. Estaba en completo silencio. Los agentes, que habían recibido la queja de un transeúnte, se acercaron a ella y empezaron a preguntarle qué hacía.
Fue registrada, detenida e interrogada. La policía le mostró fotografías en las que aparecía de pie cerca de la clínica y le preguntó si estaba rezando. Ella respondió que «quizá» había estado rezando, pero que no recordaba si lo hacía en esos momentos concretos o si estaba pensando en otra cosa, como en su almuerzo.
Aunque fue absuelta de todos los cargos en febrero de 2023, volvió a ser detenida pocas semanas después por supuestamente infringir una Orden de Protección del Espacio Público, que prohíbe las protestas en un área delimitada en torno a las clínicas abortistas. En septiembre de 2023, la Policía de West Midlands le pidió disculpas y confirmó que no presentaría cargos contra ella. En agosto de 2024, ese mismo cuerpo policial le pagó 13.000 libras en reconocimiento del trato injusto recibido.
En agosto de 2025, cuando era investigada por tercera vez, Vaughan-Spruce declaró: «A pesar de haber sido plenamente reivindicada en múltiples ocasiones tras ser detenida injustamente por mis pensamientos, resulta increíble que dos años y medio después la policía siga acosándome por rezar en silencio en esa zona, y que una vez más me encuentre bajo investigación por las mismas oraciones que llevo rezando veinte años». «La oración silenciosa no puede ser de ningún modo un delito: todo el mundo tiene derecho a la libertad de pensamiento».
Catherine Robinson, portavoz de Right to Life UK, afirmó: «Los cargos presentados contra Isabel, que en ningún momento ha intimidado ni acosado a nadie, son inaceptables y ponen de manifiesto la confusión que rodea a la ley de zonas de exclusión. La policía está utilizando esta peligrosa ley para perseguir a personas inocentes simplemente por tener pensamientos provida en su mente». «Esperamos que el juez actúe con sensatez en este caso y que Isabel no sea declarada culpable».
