(InfoCatólica) El Papa León XIV ha puesto fin al régimen excepcional de contención salarial que rige en la Santa Sede desde hace cinco años. Mediante una Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, el Pontífice deroga la norma «Un futuro sostenible», promulgada por el Papa Francisco en marzo de 2021 para afrontar el impacto económico del Covid-19, y devuelve así a los cardenales y altos cargos de la Curia Romana la retribución que percibían antes del ajuste. La medida llega el día en que León XIV cumple 71 años y afecta, en su vertiente de aumentos por antigüedad, a los 4.900 empleados de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
La decisión se hizo pública a mediodía de este lunes, 14 de septiembre, a través de la oficina de prensa de la Santa Sede, mientras el Papa visitaba una exposición en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El documento lleva fecha del 1 de septiembre y sus efectos se aplican desde ese mismo día.
El plan de ajuste de 2021
Para medir el alcance de la nueva disposición hay que remontarse al 23 de marzo de 2021, jornada que en el Vaticano se recuerda como un «martes negro». Aquel día, Francisco promulgó «Un futuro sostenible» ante la situación financiera de la Santa Sede, que arrastraba varios ejercicios de balance negativo. La emergencia sanitaria había agravado, según recogía el texto, «el déficit que ha caracterizado la gestión económica de la Santa Sede durante varios años, el cual ha impactado negativamente todas las fuentes de ingresos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano». El cierre de los Museos Vaticanos y la caída de las limosnas habían mermado los ingresos ordinarios.
El plan se articuló bajo criterios de proporcionalidad y progresividad, con el objetivo declarado de salvaguardar los puestos de trabajo existentes y evitar despidos, en particular de laicos con cargas familiares. Las medidas contemplaron un recorte del 10 % en la retribución de los cardenales con funciones de gobierno, una reducción del 8 % para los superiores y directivos de la Santa Sede y la Gobernación, es decir, prefectos y secretarios de dicasterios, y una rebaja del 3 % para los clérigos y miembros de institutos de vida consagrada en puestos no directivos.
El decreto suspendió además el cómputo de los aumentos bienales por antigüedad. Esa congelación alcanzó a la práctica totalidad de la plantilla, si bien en el caso del personal laico se aplicó a partir del cuarto nivel, de modo que los salarios más bajos quedaron al margen. Quedaron también exentos los empleados que pudieran acreditar documentalmente la imposibilidad de afrontar determinados gastos fijos de salud, propios o de familiares directos. El ajuste no se limitó a la Curia Romana: se extendió a organismos vinculados como el Vicariato de Roma, las Basílicas Papales y la Fabbrica di San Pietro.
Un desmontaje gradual
La derogación firmada por León XIV cierra un proceso que ya había comenzado. Como recuerda el propio Pontífice en el texto, las medidas de contención habían sido modificadas parcialmente en 2025 mediante un Rescriptum ex Audientia que abrogó el artículo 3, el relativo a los sueldos de clérigos y religiosos.
Aquel mismo documento, aprobado tras las deliberaciones del Consejo de la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica (ULSA), amplió las coberturas laborales del personal: cinco días de permiso retribuido por paternidad al 100 % del sueldo, nuevos permisos y ayudas para empleados con hijos con discapacidad y la extensión de las asignaciones familiares para hijos estudiantes universitarios hasta los 26 años.
Lo aplicado no se devuelve
Tras escuchar «la opinión competente de la Secretaría de Economía» y «después de examinar detenidamente todo», León XIV concluye que las circunstancias excepcionales pueden darse por superadas. Las medidas de su predecesor, escribe, «también fueron necesarias para afrontar el desafío excepcional de la pandemia», pero «ahora pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diferentes instrumentos, en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica».
La disposición no tiene, sin embargo, carácter retroactivo. El Motu Proprio establece que los efectos producidos durante la vigencia de la norma anterior, «incluidos los derivados de la suspensión del cómputo de los incrementos bienales por antigüedad a que se refiere el artículo 5, se mantienen definitivamente adquiridos». No habrá, por tanto, devolución de las cantidades descontadas ni reconocimiento de atrasos. El documento se ha publicado en L'Osservatore Romano y está destinado a su incorporación a los Acta Apostolicae Sedis.
Unas cuentas que respiran
El levantamiento de los recortes coincide con una mejora sustancial de las finanzas vaticanas. El último balance consolidado de la Santa Sede, correspondiente a 2024 y publicado en noviembre de 2025, registró un superávit de 1,6 millones de euros, frente al déficit de 51,2 millones del ejercicio anterior. Por su parte, el IOR, el banco vaticano, cerró 2025 con un beneficio de 51 millones de euros y entregó un dividendo de 24,3 millones a la Santa Sede.
Los responsables económicos de la Santa Sede piden, no obstante, leer esas cifras con cautela, pues las atribuyen a inversiones favorables y a donativos puntuales. El alivio se notará en el bolsillo de las 3.100 personas que trabajan en la Curia y de los 1.800 empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Aunque el sueldo de los cardenales con responsabilidades de gobierno y el de los poco más de cien altos cargos de la Santa Sede no es público, se calcula que ronda los 5.000 euros mensuales, a los que se suma en muchos casos el acceso a vivienda a precio rebajado. Continúa en vigor, en cambio, otra medida de austeridad: la renuncia al extra mensual de 500 euros para gastos de secretaría y representación que Francisco solicitó a los cardenales en octubre de 2024.
