(InfoCatólica) El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, monseñor Renzo Pegoraro, ha sostenido que no existe ningún derecho a la ayuda al suicidio y que la medicina no puede convertirse nunca en una ciencia al servicio de la muerte. En la misma entrevista, sin embargo, ha planteado que si el Parlamento italiano aprobara una «ley imperfecta» sobre el final de la vida, «sería en todo caso moral dar el propio asentimiento», ante la posibilidad de que se aprobaran en cambio normas más permisivas y lesivas para la dignidad del enfermo. Es esta última afirmación la que ha suscitado alarma en ámbitos católicos.
Las declaraciones, recogidas por Francesco Ognibene en el diario italiano Avvenire el 6 de septiembre, llegan pocos días después de la aprobación por el Consejo Regional del Véneto de una ley sobre el suicidio asistido, la tierra de origen y formación del propio prelado, recientemente creado arzobispo.
Aunque su rechazo de fondo sea explícito no es sencillo imaginárselo manteniendo las mismas restricciones mentales sobre una ley de expulsión de todos los inmigrantes o de promoción de la quema de carbón.
«Ningún derecho a la ayuda al suicidio»
Pegoraro comienza precisando el marco jurídico. En Italia sigue vigente el delito de ayuda al suicidio, que nunca fue suprimido del Código Penal. En situaciones puntuales y circunscritas, ese delito quedó despenalizado por la sentencia 242/19 del Tribunal Constitucional, que a su vez reclamó la intervención del legislador. Las regiones, subraya, no pueden hacer otra cosa que regular un procedimiento.
Sobre la norma véneta se muestra crítico: convenía tomarse más tiempo y escuchar a las realidades territoriales que atienden a los enfermos y sostienen la red de cuidados paliativos. «La prisa nunca es buena consejera», afirma, y menos aún cuando se legisla sobre el sentido mismo de la vida. Reconoce, no obstante, un elemento positivo en el texto: la obligación del ente público de ofrecer un itinerario de cuidados paliativos y apoyo psicológico, así como la «posibilidad de recibir información relativa a las entidades que persiguen estatutariamente finalidades de tutela de la vida».
Su rechazo de fondo es explícito. «No existe ningún derecho a la ayuda al suicidio», afirma. Y añade que, para el Magisterio de la Iglesia, todo profesional sanitario debe comprometerse siempre en salvar la vida y en acompañar el último tramo de la existencia, «y nunca en provocar la muerte o colaborar al suicidio». Del suicidio, recuerda, siempre se ha buscado la prevención, jamás el sostén.
La medicina no puede servir a la muerte
Preguntado por si el debate puede alterar la idea misma de la medicina, el presidente de la Academia responde que ninguna visión de la ciencia médica podrá contemplarla jamás como ciencia al servicio de la muerte. En situaciones límite solo cabe hablar de dejar morir, evitando tratamientos inútiles o desproporcionados y el ensañamiento terapéutico. Ya hoy es legítimo que el enfermo rechace o suspenda todo tratamiento y que se le acompañe con sedación profunda cuando resulte necesaria.
El diagnóstico que hace del entorno cultural es severo. Vivimos, dice, en un tiempo en que el valor de la vida parece disminuir sin cesar, con signos evidentes de esa «sociedad del descarte» señalada por el Papa Francisco y retomada con igual decisión por León XIV. No se hace nacer la vida, no se acoge la del migrante, entra en crisis la de los ancianos, no se sabe hacer madurar la de los jóvenes. En ese cuadro, los enfermos graves corren mayor riesgo, porque exigen a unos días frenéticos la capacidad de detenerse y gastar tiempo, recursos y afecto. La medicina verdadera, concluye, cuando ya no puede curar sigue siempre cuidando.
Sobre la advertencia del patriarca de Venecia, monseñor Francesco Moraglia, según la cual con la ley véneta «un cierto modelo de cercanía humana ha resultado herido y limitado», Pegoraro identifica ese modelo con la compasión evangélica del Buen Samaritano: acercarse, permanecer junto a quien sufre, aliviar el dolor, sostener el sentido de la vida incluso en su fase terminal. La petición de anticipar el final, sostiene, es con frecuencia demanda de vida cuidada, de eliminación del dolor, o nace del temor a ser una carga. Es una petición de no ser dejado solo. Y aporta un dato de su tierra: algunas personas que habían solicitado el procedimiento de suicidio asistido decidieron seguir afrontando la enfermedad tras recibir acompañamiento, cuidados paliativos e información detallada sobre lo que el sistema sanitario podía ofrecerles.
«Menos armas y más cuidados paliativos»
Sobre la necesidad de una ley nacional, su respuesta es negativa o, al menos, no evidente. El Parlamento es soberano y libre, y el Tribunal solo puede indicar la oportunidad de una norma, indicación que no es vinculante. ¿Hace falta una ley para uniformar los limitados cambios introducidos por la Consulta? «No es evidente», responde. Recuerda que la ley sobre consentimiento informado y declaraciones anticipadas de tratamiento y la ley sobre cuidados paliativos permiten ya afrontar la mayor parte de las situaciones personales de los enfermos graves.
Lo que sí reclama es que Italia asuma la obligación de proponer a todos los ciudadanos itinerarios de cuidados paliativos, con la carga de encontrar la financiación correspondiente. «Menos armas y más cuidados paliativos», resume. No se trataría de un trueque, argumenta, sino de un mensaje preciso: es la propia Constitución la que obliga al Estado a hacerse cargo del enfermo. Un Estado laico no es en absoluto un Estado indiferente ante el enfermo.
Y advierte sobre la eventual norma nacional: habría que vigilar que no desborde el estrecho margen fijado por los criterios del Tribunal Constitucional.
El pasaje que ha generado inquietud
Es en ese punto donde introduce la afirmación que ha provocado reacciones. Desde el lado católico, dice, se trata de valorar si estaremos ante una «ley imperfecta», a la que «sería en todo caso moral dar el propio asentimiento», habida cuenta de que el Parlamento podría aprobar con prontitud leyes más permisivas y libertarias, mucho más lesivas para la dignidad del enfermo y para el valor de la vida.
Expertos consultados objetan que la formulación es prudente en la forma pero equívoca en el fondo: pasaría a ser admisible respaldar una ley que organiza el suicidio asistido siempre que se presentara como más restrictiva que una alternativa. La lógica del mal menor no resulta aplicable cuando está en juego un acto intrínsecamente injusto. Cabe legítimamente limitar los daños de una ley mala ya vigente o impedir que se agraven sus disposiciones, pero es cosa distinta votar o promover una norma que introduce por primera vez en el derecho el principio de la ayuda al suicidio.
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el suicidio es gravemente contrario al amor debido a uno mismo, al prójimo y a Dios, y condena asimismo la cooperación voluntaria al suicidio. San Juan Pablo II, en Evangelium vitae, califica la eutanasia como una «grave violación de la ley de Dios». El mismo análisis aborda el número 73 de esa encíclica, habitualmente invocado en estos debates: el Pontífice explica allí que un parlamentario puede apoyar lícitamente iniciativas dirigidas a limitar los efectos nocivos de una ley injusta cuando resulta imposible derogarla, pero ese pasaje no autoriza a votar una ley nueva que legalice lo que hasta entonces no lo estaba.
Un antecedente y una advertencia
No es la primera vez que el presidente de la Academia se pronuncia en vísperas de una decisión legislativa. En julio de 2025, en una entrevista con La Repubblica publicada pocos días antes del inicio del debate parlamentario italiano, Pegoraro condenó el suicidio asistido como «una derrota para el enfermo, para la familia, para la medicina misma y para la sociedad», y situó a continuación la respuesta en el terreno del diálogo y la mediación. Aquella entrevista fue criticada por La Nuova Bussola Quotidiana, que reprochó al prelado asumir como marco de partida la despenalización condicionada fijada por el Tribunal Constitucional y vincular la posición eclesial a la búsqueda de un punto de mediación, fórmula ya presente en el Piccolo lessico sul fine vita publicado por la propia Academia en 2024 bajo la presidencia de monseñor Vincenzo Paglia.
Pegoraro cierra la entrevista de Avvenire con una cita del criminólogo Nigel Walker: «la legislación de una generación puede convertirse en la moral de la siguiente». Y formula la pregunta que de ella se sigue: qué moral queremos construir para los jóvenes del mañana. Es exactamente la objeción que sus críticos le devuelven a propósito de la «ley imperfecta».
