(NCRegister/InfoCatólica) Dos hospitales de Texas han recibido una orden judicial que les obliga a prestar los cuidados necesarios para salvar la vida de un bebé a punto de nacer que se encuentra en el centro de una disputa interestatal por un contrato de alquiler de vientre.
La oficina del fiscal general del estado, Ken Paxton, anunció en un comunicado del 11 de agosto que el Centro Médico UT Southwestern y el Centro Médico Infantil de Dallas tienen la obligación legal de atender a Gabriel, un niño con fecha prevista de nacimiento el 2 de septiembre, hijo de la madre sustituta McKenna West. Un tribunal de distrito de Texas había fallado con anterioridad que los hospitales quedaban obligados a atender al pequeño.
Primero el aborto, después negarle la operación
En una carta previa dirigida a los hospitales el 10 de agosto, Paxton señalaba que a Gabriel se le había diagnosticado un síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y que quienes figuran como padres de intención habían manifestado que buscarían rechazar el consentimiento para una operación. Esos padres, identificados en los documentos judiciales como Nausheen Gilkar y Omar Ahmed, podrían intentar trasladar al niño a California para que allí se pudiera rechazar el tratamiento, advertía el escrito.
McKenna West viajó a Texas desde Alaska después de que Gilkar y Ahmed la instaran a buscar un aborto tras conocerse el diagnóstico. La mujer se ofreció a asumir la responsabilidad completa del bebé, propuesta que los padres biológicos rechazaron.
En una orden de emergencia fechada el 11 de agosto, el tribunal de distrito de Dallas dispuso que, al nacer, el niño reciba en cualquiera de los dos hospitales los cuidados estabilizadores médicamente indicados y que sustenten la vida. La resolución prohíbe además sacar al niño de cualquiera de esos centros o del estado de Texas, salvo cuando resulte necesario para su atención médica. La orden entra en vigor en el momento del nacimiento y permanecerá vigente hasta que se dicte una nueva resolución.
Paxton celebró la decisión judicial como la correcta. «Mi oficina utilizó cada herramienta a nuestro alcance para proteger la vida, y no retrocederemos en continuar apoyando el bienestar del bebé Gabriel», declaró el fiscal. «Cada niño en nuestro estado merece ser cuidado y protegido, y eso es exactamente por lo que lucharé».
Un contrato sobre una vida humana
Anthony Sirven, abogado católico afincado en Florida que ha publicado sobre maternidad subrogada, advirtió de que este caso y otros semejantes anticipan la cuestión de si la custodia va a decidirse a partir de un contrato. «El contrato es sobre una vida humana», expuso. «Entonces la pregunta es: ¿cómo se aplica un contrato sobre una vida humana? La respuesta debe ser que no puedes, por las Enmiendas 13 y 14». La decimotercera abolió la esclavitud en Estados Unidos y la decimocuarta consagró la protección equitativa y el debido proceso.
Los primeros litigios sobre fecundación artificial y alquiler de vientres tuvieron que moverse con cautela, explicó el jurista, porque la sentencia Roe contra Wade había afirmado que los niños no nacidos no son personas humanas, dejando su condición legal en la incertidumbre. Los tribunales acabaron asentándose en la idea de que los embriones constituyen una clase especial de propiedad, lo que permitió hacer valer sobre ellos derechos derivados de contratos. La sentencia Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, de 2022, revocó Roe y, según Sirven, previsiblemente también todos los casos que se apoyaron en ella para reconocer un interés de propiedad sobre la vida humana, dejando en el aire años de precedentes.
Sobre el caso texano, el abogado planteó lo que vendrá después: si el niño nace y recibe los cuidados que le salvan la vida, la siguiente pregunta será quién obtiene su custodia. Y si quienes lo encargaron reclaman la custodia u otros derechos amparados en un contrato y un tribunal les da la razón sobre esa base, entonces se plantea un problema con ambas enmiendas.
La familia natural, deconstruida por contrato
Stefano Gennarini, vicepresidente de estudios legales del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, señaló que la mayoría de los juristas coincidiría en que resulta difícil pronosticar el desenlace de un caso así. Sin ser experto en el derecho de familia de Texas ni de Alaska, recordó que los convenios internacionales, y de manera específica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirman el derecho de las madres y de sus hijos a recibir protecciones especiales durante el embarazo y después del nacimiento.
«Permitir que un tercero decida contractualmente qué tipo de tratamiento puede buscar una madre sustituta socava estas protecciones internacionales», advirtió. «En general, este caso ilustra cuán peligrosa es cualquier forma de maternidad subrogada». La práctica, concluyó, deconstruye legalmente la familia natural tal como la reconoce el derecho internacional y conduce a escenarios inhumanos como el que ahora se dirime en Texas.
